Escribe: Conny Valderrama
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Según los datos de la Defensoría del Pueblo, a julio del 2022 se tiene un total de 208 conflictos sociales activos y latentes1 . Asimismo, se reportaron 274 acciones de protestas. Si bien no todas las acciones de protestas reflejan actos de violencia; no es menos cierto muchos conflictos han escalado a la etapa de violencia, como por ejemplo el caso de Conga en Cajamarca, Celendín cuyo enfrentamiento entre la población y la Policía trajo consigo perdidas humanas y decenas de heridos.
Lamentablemente, al día de hoy vemos más episodios de conflictos sociales, a raíz de la crisis política, económica, lo cual genera un descontento cada vez más escalado, por diferentes sectores y regiones del país, entre ellos se encuentra la región de Ucayali con el aumento de conflictos sociales con situaciones de violencia, como en el caso de la empresa Refinca frente a comuneros de Honoria (Huánuco) y Campo Verde (Ucayali)2 , en un conflicto relacionado a la ocupación de tierras y donde lamentablemente la ausencia de diálogo entre los actores, no ha hecho más que contribuir en al algún momento al escalamiento de la etapa más crítica en un conflicto, produciéndose ataques violentos entre las autoridades y los comuneros.
El artículo 44 de la Constitución Política, señala que, "Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación (...)".
Dicho lo anterior, el Estado debe ser el principal actor para asumir la responsabilidad de proteger la seguridad, la paz, tranquilidad, por ende, los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, esto en concordancia y aplicación con lo estipulado en el artículo 1 de la Constitución Política, donde señala que "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado". Por tanto, el rol que ocupa el estado en los conflictos sociales debe ser cada vez más preventivo y no reactivo.
Por otro lado, desde mi punto de vista, si bien el estado no siempre resulta ser actor primario en los conflictos sociales, no obstante, siempre debe procurar generar espacios de diálogos alturados a través de la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de ministros de manera articulada, así canalizar y evitar desenlaces de violencia en los conflictos sociales. Recordemos que conflicto no es sinónimo de violencia.
Asimismo, asumir los niveles de compromisos y acuerdos entre los actores para cumplir los que se propone y se concilie resulta ser un comportamiento adecuado.
Sin importar la etapa en la que se encuentre el conflicto, la principal herramienta que conducirá a resolverla, será buscar espacios de “diálogos abiertos”, procurando que la misma sea integradora, de modo que los actores lleguen al punto de concentrarse en la solución del problema.
Así también, la sociedad civil tiene el deber de cooperar y defender las necesidades y el desarrollo de los sectores al que representan, creando espacios de sensibilización basados en valores como el respeto, la solidaridad, e igualdad sin ningún tipo de discriminación.
Finalmente, quiero precisar que los conflictos sociales no siempre deben ser estigmatizados como situaciones negativas en nuestra sociedad, ya que por el contrario es una oportunidad para generar espacios de integración e intercambio de creencias, opiniones, conocimientos, los cuales son los principales generadores de desarrollo en nuestra sociedad, por tanto, el Estado debe promover la participación de todos los actores involucrados.
Conny Valderrama