Contraloría identificó responsabilidad penal y administrativa en el exgobernador regional Francisco Pezo (gestión 2019-2021), exgerente general del GORE Ucayali Rolando Palacios, exdirector de la DIRESA Juan Carlos Salas Suárez y cuatro exfuncionarios por el pago de S/. 528 mil por lotes de enoxaparina.
Escribe: Samir Linares
La Contraloría General detectó que, el pago de S/ 528 mil por el medicamento enoxaparina autorizado por la Dirección Regional de Salud de Ucayali el 9 de diciembre del 2020, y adquirido mediante contratación directa, se realizó sin respetar el marco normativo de contrataciones del Estado en la emergencia sanitaria por la COVID-19, ni los principios de probidad, eficacia, oportunidad, recaudo y buen uso de los recursos públicos, lo que generó perjuicio económico por dicho monto a la entidad.
Según el Informe de Control Específico Nº 005-2022-2-5354-SCE, se determinó que, a pesar que, el 18 y 24 de noviembre del 2020 la Contraloría advirtió al despacho del entonces gobernador regional Francisco Pezo Torres y del director regional de salud de Ucayali Juan Carlos Salas Suárez, que la “Enoxaparina Sódica” para el tratamiento de la COVID-19 fue adquirida sin que su finalidad pública este justificada y por un valor superior al mercado, se continuó con la ejecución contractual, autorizándose y efectuándose el pago a la empresa JAMH.
Asimismo, se identificó que los funcionarios del GORE Ucayali y DIRESA sabían que el Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) era el único operador logístico público para el abastecimiento de la enoxaparina sódica, y que no había el informe técnico que habilite a la DIRESA a contratar directamente dicha medicina.
Además, CENARES venía proveyendo a la región con este medicamento desde mayo del 2020, con una proyección de abastecimiento para los meses posteriores y la disponibilidad de atender los requerimientos que hubiera al respecto.
Del mismo modo, la enoxaparina se encontraba en el almacén de la DIRESA Ucayali (DIREMID) porque los establecimientos de salud tenían sobrestock y no había requerimientos. No obstante, se autorizó el pago a la empresa JAMH.
Posteriormente se generó sobrestock en los centros de salud, en los cuales, pese a su priorización ante lotes de CENARES, no se le ha dado uso total, debido a la falta de requerimientos, encontrándose próximos a vencerse.
Dicha situación fue causada por los funcionarios del GORE Ucayali, por no haber dispuesto las acciones legales correspondientes respecto a la falta de sustento técnico y legal que argumente la necesidad y procedencia de la contratación directa del mencionado medicamento advertido por la Contraloría, y también por los servidores públicos de la DIRESA que opinaron, autorizaron y efectuaron el pago a favor de la empresa JAMH pese a tener conocimiento de sus irregularidades.
El presente informe se notificó el 5 de mayo de 2022 al gobernador regional de Ucayali Ángel Gutiérrez Rodríguez, para el deslinde de responsabilidades de las exautoridades, exfuncionarios y funcionarios a quienes se les encontró responsabilidad penal y administrativa, también se comunicó a la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Ucayali, para que inicie las acciones legales correspondientes.
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