Este segundo juicio político contra Trump comenzó formalmente el martes, cuando el Senado aprobó por mayoría la constitucionalidad del proceso luego de que semanas atrás la acusación fuera realizada en la Cámara de Representantes.
Jamie Raskin, legislador demócrata, que actúa como fiscal en el juicio político contra el expresidente estadounidense, Donald Trump, lo acusó este miércoles de ser el “incitador en jefe” de la toma del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero pasado, que dejó un saldo de al menos cinco muertos y decenas de heridos y detenidos.
La evidencia “va a demostrar que el expresidente Trump no fue un espectador inocente” y que él “renunció a su rol de comandante en jefe y se convirtió en el incitador en jefe de una peligrosa insurrección”, afirmó Raskin en el proceso ante los 100 senadores que ejercen como jurados.
El martes comenzó el segundo juicio político contra Trump, tras haber sido acusado durante los últimos días de su mandato de incitar la insurrección del 6 de enero, cuando miles de los seguidores del republicano atacaron e ingresaron violentamente en el Capitolio, el edificio donde se encuentran la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos.
El asalto se dio mientras los legisladores certificaban al victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre, actual presidente tras su asunción del 20 de enero, y luego de que Trump llamara a sus partidarios a movilizarse para exigir el rechazo de los resultados en los comicios, a los que consideró fraudulentos a pesar de no ofrecer evidencia alguna.
La persistente acusación de Trump de fraude y su negativa a reconocer la derrota electoral, sumado al asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero y la posterior acusación de juicio político, han sacudido a la política estadounidense en los primeros meses de 2021.
En esta ocasión, sin embargo, el Senado se encuentra bajo control de una mayoría demócrata tras los resultados del 3 de noviembre y el impeachment podría prosperar, aunque tratándose de un presidente que ya ha dejado el poder, la pena sería una inhabilitación permamentne a ocupar otros cargos públicos en lugar de una destitución.