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El psicólogo y la niña de 13

Un psicólogo del Ministerio de la Mujer está prófugo después de dejar embarazada a una niña de 13 años. La madre de la menor consentía la relación.


Escribe: Shanna Taco Loaiza*


*Nota original publicada en la edición Nº660 del semanario Hildebrandt en sus trece.

Vivienda de “Nina” situada en el Centro Poblado Nueva Esperanza de Panaillo, en el distrito de Yarinacocha (Ucayali). La menor vivía junto a sus padres y hermanos. (FOTO: Hugo Alejos/H13)


A Luis Ángel Yacila Ortega no le resultó difícil acechar a su víctima. El psicólogo de 37 años, funcionario del Ministerio de la Mujer, redactó el informe recomendando que “Nina” (13), una de sus pacientes en un albergue del Estado, regresara a casa. Después utilizó las visitas a domicilio para ganarse su confianza y más tarde empezó a llevarse a la menor de paseo en moto. Cuando dejó a la menor embarazada, el psicólogo se ofreció a hacerse cargo del bebé a cambio de que no lo denunciaran. La madre de “Nina” aceptó “el canje”.  


A mediados de febrero pasado “Nina” llegó a un albergue del Ministerio de la Mujer para protegerla de su padre. La Fiscalía lo investigaba por el presunto delito de explotación sexual de la menor.


Fue la propia “Nina”, acompañada de una vecina, quien había denunciado a su progenitor. Según recoge el expediente fiscal, lo acusó de prostituirla desde que tenía 9 años.


La adolescente, que cursa el sexto grado de primaria, contó que vivía junto a sus padres y hermanos y no asistía regularmente al colegio. Sus padres la enviaban con frecuencia a Pucallpa a la casa de una amiga de la familia, que también ha sido incluida en la denuncia de explotación sexual. Cuando la madre de “Nina” fue interrogada, acusó a su hija de mentir y defendió al padre de la menor. Para proteger a “Nina” se dispuso su internamiento en el Centro de Acogida Residencial Ikaro Xobo, en Yarinacocha (Ucayali).

Luis Ángel Yacila Ortega (37), psicólogo contratado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, investigado por la presunta violación a su paciente, una menor de 13 años. (FOTO: Facebook)


A inicios de mayo pasado el Ministerio de la Mujer le encargó a Luis Ángel Yacila la atención psicológica y seguimiento de “Nina”. Semanas más tarde el terapeuta recomendó que volviera a casa.


El psicólogo argumentó que debía preservarse “su derecho a desarrollarse en un ambiente libre de violencia donde estén cubiertas sus necesidades básicas dentro de su seno familiar”. Yacila, quien debía velar por el bienestar de la pequeña, respaldó la versión de la madre. En el informe escribió que “Nina” había mentido y quería “regresar con sus progenitores”.


La Unidad de Protección Especial de Ucayali, que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), dio por bueno el informe. Inmediatamente autorizó la salida de la menor para que volviera a su casa, en el Centro Poblado Nueva Esperanza.


Luis Yacila, que vivía en una habitación alquilada en Yarinacocha, empezó a visitar a “Nina” en casa. Las sesiones debían ser quincenales, pero el psicólogo aparecía por la vivienda varias veces por semana, recogía a la pequeña en la moto y se la llevaba sin que sus progenitores se opusieran. Y cuando “Nina” empezó a decir que el psicólogo era su enamorado, su madre tampoco se alarmó.


Hasta que contrajo matrimonio el 2017, Luis Yacila vivió en la casa familiar del Asentamiento Humano Santa Rosa, del distrito de Puente Piedra. Era el mayor de tres hermanos.


Se graduó en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, una de las clausuradas por la Sunedu. El paso por la facultad de psicología no le supuso mucho esfuerzo. Allí conoció a una compañera y se casó con ella.


Hizo prácticas profesionales en postas del distrito de Puente Piedra y en el centro de rehabilitación juvenil “Maranguita”. Cuando contrajo matrimonio, desapareció del barrio de Puente Piedra, donde creció.


Yacila Ortega siempre trabajó con menores. Durante el año 2019 lo contrató el colegio privado Internacional Elim; los dos años siguientes fue funcionario del Ministerio de Educación. Se desempeñó como psicólogo monitoreando colegios de San Juan de Lurigancho, El Agustino y Vitarte.


A fines del 2021 fue contratado por el Ministerio de la Mujer y fue derivado a la Unidad de Protección Especial de Ucayali. Desde entonces permaneció en la institución encargada de la protección de poblaciones vulnerables. Su sueldo ascendía a 4 mil soles. 


Los últimos años apenas mantenía relación con su familia, según cuenta su cuñado. El matrimonio de Yacila se quebró a finales del año pasado. Su padre dice que se enteró por la televisión que su hijo había abusado sexualmente de una menor y que está prófugo de la justicia. 

Samuel Vásquez del Águila, teniente gobernador del Centro Poblado Nueva Esperanza de Panaillo, reportó el caso de “Nina” a la Comisaría de Yarinacocha y dio inicio a las investigaciones. (FOTO: Hugo Alejos / H13)


El caso de “Nina” no hubiera salido a la luz sin la intervención de Samuel Vásquez del Águila, el teniente gobernador del Centro Poblado Nueva Esperanza de Panaillo.


Vásquez explica que la primera semana de octubre, durante un evento sobre seguridad ciudadana, un vecino lo alertó de que en el colegio había una alumna que estaba embarazada.


Vásquez visitó a la familia, pero el hermetismo fue absoluto. El día 11 de octubre solicitó formalmente la intervención de la Policía de Yarinacocha para que abriera una investigación.


El día 16 la trabajadora social del Centro de Emergencia Mujer de la comisaría tuvo dos entrevistas con la familia. En la primera cita la madre negó rotundamente que su hija estuviera embarazada. La mentira la descubrió personal médico del centro de salud de Panaillo.


El día 11 de septiembre “Nina” y su madre habían acudido al establecimiento, donde comprobaron que la menor estaba embarazada. La obstetra programó pruebas médicas para la adolescente, pero la menor no volvió por el centro de salud.


Acorralada por el testimonio del personal médico, la madre reconoció que “Nina” estaba embarazada. Dijo también que conocía al agresor de la menor.     


“Me dijo que era psicólogo y trabaja en la ciudad de Lima y solo viene a Pucallpa por unos documentos pendientes. Cuando nos enteramos de que estaba embarazada, le dije personalmente a Luis Ángel y me dijo que va a asumir su responsabilidad de padre, pero que no debemos de contar a nadie el embarazo de mi hija", narró la madre de “Nina” a la asistenta social.

María de los Ángeles Torres, fiscal provincial de Yarinacocha, a cargo de la investigación. (FOTO: Hugo Alejos/H13)


La primera denuncia policial no incluyó el nombre del agresor. El nombre de Luis Yacila recién apareció en los atestados el 22 de octubre. María de los Ángeles Torres, fiscal a cargo del caso, dice que eso fue decisivo para que fugara. “Si ya se conocía el nombre del presunto agresor, ¿qué sucedió desde el 16 hasta el 22 de octubre? Hubo tiempo suficiente para ponerlo en alerta”, dice la fiscal.


La audiencia para solicitar la detención del psicólogo se llevó a cabo recién el 27 de octubre. Hasta el momento se desconoce su paradero.   


La fiscal Torres dice que el Ministerio de la Mujer tampoco ha respondido las dos solicitudes de información sobre el trabajo de Luis Yacila.


“Nina” llegó a manos de su agresor por una negligencia. Yacila fue contratado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a fines del 2021, pese a estar inhabilitado para desempeñar labores en su campo por no estar al día en sus cuotas en el Colegio de Psicólogos del Perú. 


“Aquí, en los centros poblados de Ucayali, hay una alta incidencia de casos de este tipo. Es poco frecuente que las familias denuncien, nosotros conocemos de estos casos por reportes de hospitales o postas que avisan que hay menores gestantes. Las ‘parejas’ de las niñas muchas veces son personas que les triplican la edad. Hay casos hasta de menores de 11 años”, dice la fiscal Torres.


“Se conoce incluso que en ciertas zonas, como el centro poblado de San José, llevan a las niñas para venderlas. Sin el apoyo del Estado no se puede hacer mucho”, denuncia el teniente gobernador.


Contactado para esta publicación, el Ministerio de la Mujer optó por el silencio.

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