Hace más de cuarenta días que el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en Corrupción de Funcionarios de Huaraz, dispuso la prisión preventiva del gobernador de Áncash, Juan Carlos Morillo, por su implicación en un caso de presunta colusión agravada.
No obstante que las autoridades del Gobierno Regional de Áncash han remitido comunicaciones al JNE para que cumpla con sus funciones constitucionales, y que el 11 de enero de este año la Primera Sala Penal de Apelaciones ratificó los 9 meses de carcelería para Morrillo y sus coacusados, el tribunal electoral se mantiene sin pronunciarse respecto a la designación de Henry Borja.
La necesidad de aplicar las medidas de emergencia para prevenir el avance de los contagios de la COVID-19, así como la atención de los pacientes afectados por la misma enfermedad, son situaciones que demandan que se formalice el reconocimiento de Borja como reemplazo de Morillo.
Sin embargo, las autoridades electorales tardan en emitir la resolución respectiva, por lo que Henry Borja no puede cumplir diversas acciones mientras no reciba el reconocimiento oficial del JNE.
En medio de la pandemia, en la que requiere acciones urgentes del gobierno regional, el JNE virtualmente mantiene acéfalo un organismo que debe atender las necesidades de la población afectada.
Las autoridades atribuyen a Morillo haber usado su posición como gobernador regional de Áncash para forzar la contratación de varias empresas para remodelar y habilitar el hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote (Áncash), con la finalidad de atender a los enfermos por la COVID-19.
La acusación fiscal señala que Juan Carlos Morillo, en componenda con funcionarios bajo sus órdenes y los propietarios de las empresas proveedoras, contrataron a estas por más de 10 millones de soles vulnerando las normas. Por este caso son procesadas 10 personas, incluido Morillo.
El 14 de enero de este año, el vicegobernador Henry Borja envió una nueva carta al presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, insistiéndole en que cumpla con la ley y le entregue las credenciales.
“Solicito una audiencia urgente con el presidente del JNE debido a que desde el 30 de noviembre de 2020, fecha en que fue encarcelado el gobernador Juan Carlos Morillo, por mandato de prisión preventiva de 9 meses, un hecho que ha paralizado al gobierno regional de Áncash, perjudicando su normal funcionamiento y desarrollo”, escribió Borja al titular del JNE.
El 22 de enero, el vicegobernador Borja reiteró su requerimiento al presidente del JNE, Jorge Salas, y a cada uno de los integrantes del tribunal electoral, adjuntando a cada uno el fallo de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Áncash, confirmando los 9 meses de prisión para Morillo y sus presuntos cómplice.
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