La podredumbre del sistema judicial deja impune el asesinato de cuatro miembros de la comunidad asheninka. Sus verdugos fueron taladores ilegales.
Por Carlos Portugal. Reportaje publicado en la edición 562 del semanario Hildebrandt en sus trece.
Fotos de Hugo Alejos
Julia Pérez Gonzales (49) visitando la tumba de su esposo en el Cementerio General de Pucallpa. “Él se enfrentaba contra los madereros y no le hicieron caso hasta que lo mataron. Y ahora buscamos justicia para él y tampoco nos hacen caso. ¿Hasta cuándo?”, dice. (FOTO: Hugo Alejos /H13)
Al terminar la audiencia Julia Pérez Gonzales, viuda del líder ambientalista asheninka Edwin Chota Valera, salió de la Corte Superior de Ucayali aguantando las lágrimas. “Ya estoy cansada. ¿Cómo nos van a tratar así? Esto es porque no tenemos plata y los madereros sí”, le dijo, ofuscada, a las otras dos viudas que habían asistido al juicio. Han pasado nueve años desde que Edwin Chota fue asesinado junto a Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintísima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez. Los mataron por denunciar la tala ilegal en el territorio de su comunidad.
De la última estocada se encargaron tres jueces de la Corte Superior el pasado 29 de agosto. Los magistrados Frederic Rivera, Hermógenes Lima y Jhonathan Basagoitia anularon la condena de 28 años de cárcel contra los cinco madereros acusados de la matanza.
Edwin Chota Valera, asesinado en septiembre del 2014 por enfrentarse a una mafia de madereros. Tenía 52 años.
Cuando asesinaron a su esposo, Julia Pérez dejó su comunidad en el Alto Tamaya Saweto y se mudó a Pucallpa. Estaba embarazada de su segundo hijo y cargaba en brazos al primogénito que no había cumplido el año. La viuda se instaló en un asentamiento humano para seguir de cerca la investigación. La fatalidad le habría de dar otro zarpazo. El 6 de abril del 2021 su hijo, de 7 años, se ahogó en el río Tamaya. Nunca encontraron el cuerpo.
“Yo esperaba que ahora por fin todo acabe, que por fin vayan presos. Mi esposo se enfrentaba contra los madereros y las autoridades no le hicieron caso hasta que lo mataron. Y ahora buscamos justicia para él y tampoco nos hacen caso. ¿Hasta cuándo?”, se pregunta Julia Pérez.
Después de la audiencia, sin dar declaraciones a la prensa, la viuda se fue a casa a cuidar al hijo que le queda, de 9 años. “No hemos logrado nada”, le dijo. La historia del caso Saweto es el retrato de la impunidad en el Perú.
Ergilia Rengifo López (49) sostiene una fotografía de su esposo, Jorge Ríos Pérez. “No por ser asheninka no tengo ningún derecho”, dice. (HUGO ALEJOS/H13)
DEJARLO TODO
El 1 de septiembre del 2014 Edwin Chota y tres líderes asheninkas de la comunidad Alto Tamaya Saweto fueron asesinados cuando se trasladaban hacia la comunidad de Apiwtxa, en Brasil. Hartos de que las autoridades peruanas no les hicieran caso, iban a ver si en el país vecino les iba mejor. Sus victimarios los ejecutaron con disparos de escopeta y luego descuartizaron los cuerpos para que las alimañas de la selva borraran cualquier rastro del cuádruple crimen.
Las cuatro viudas, con sus hijos a cuestas, tuvieron que viajar por el río durante cuatro días hasta Pucallpa para denunciar los asesinatos. En la ciudad, tuvieron que dormir en un bote amarrado en la orilla del río durante una semana.
Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos, estaba con sus cinco hijos. Y las otras dos mujeres tenían dos hijos cada una. Finalmente, los amigos de sus maridos les consiguieron una pequeña casa para instalarse.
El brasileño Eurico Mapes Gómez (49) acusado de ser uno de los autores materiales del crimen. (FOTO: Santiago Romaní)
El 24 de septiembre del 2014 el brasileño Eurico Mapes Gómez, dedicado a la tala, fue detenido por la Policía. Las declaraciones de las viudas habían sido cruciales. “Mi esposo ya me había dicho que Eurico lo paraba amenazando porque no lo dejaba talar madera”, recuerda Julia Pérez. Eurico Mapes pasó nueve meses en prisión y luego fue liberado.
De la investigación se encargó el fiscal Julio Reátegui Urresti, de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Pucallpa.
El 11 de diciembre del 2015 un testigo protegido dio una declaración decisiva sobre el caso: narró con detalle todos los hechos que rodearon la matanza.
Contó que estuvo con los madereros en un bar de la zona. Y que, horas antes del crimen, el maderero José Estrada Huayta, al enterarse de que Chota estaba camino a Brasil a denunciar la tala ilegal, dijo: “Yo pago lo que sea, ¿quién puta me lo trae acá? Quiero su cabeza”.
El testigo identificó a los madereros y contó que salieron en busca de los cuatro asheninkas. Cuando dieron con ellos, los torturaron y los mataron. Tras aquella declaración, sin embargo, la investigación fiscal se congeló otros tres años.
“El tiempo pasaba y no había justicia”, dice Julia Pérez.
Exfiscal contra el crimen organizado Julio Reátegui Urresti. Sobre él recae la sospecha de haber perdido el sobre sellado con la identidad del testigo protegido. (FOTO: Hugo Alejos)
A inicios del 2018 el abogado Óscar Romero, contratado por la ONG Rainforest, asumió la defensa del caso. “Me presenté con el fiscal Reátegui y me dijo que sólo iba a acusar a uno y a archivar contra los demás. Le dije: ‘¿cómo lo va a archivar si hay cuatro muertos?’. Y me respondió: ‘esto es un lío de faldas’”, dice Romero.
Reátegui había decidido sólo acusar a Eurico Mapes y desestimar los cargos contra los demás investigados alegando que no había pruebas. Pero una jueza se negó a aceptar la solicitud del fiscal, que fue removido del caso. El proceso cayó en manos del fiscal adjunto Otoniel Jara Córdova.
Jara, hoy retirado del Ministerio Público, recuerda que cuando recibió la carpeta se dio cuenta de que faltaba entrevistar a varios testigos clave. “No se había investigado a la organización criminal detrás de la tala ilegal, que era el móvil del asesinato”, explica.
Después de meses de investigaciones, Jara acusó a los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta de ser los autores intelectuales y a sus trabajadores Eurico Mapes Gómez y los hermanos Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix como los asesinos directos. Pidió 35 años de cárcel para todos.
“A la semana siguiente de que hice la acusación, el doctor Reátegui declaró en un medio de comunicación que el proceso se iba a caer por falta de elementos sólidos. Yo pensé: ¿cómo puede declarar así contra un caso que él ha trabajado?”, recuerda Jara.
Tres días antes de la audiencia de acusación el fiscal Jara fue removido del cargo y el expediente pasó a manos del fiscal Dennis Vega Sotelo.
Actual fiscal del caso Saweto Dennis Vega Sotelo: no advirtió a tiempo la pérdida del sobre sellado con la identidad del testigo protegido. (FOTO: Santiago Romaní)
SOBRE PERDIDO
A inicios de agosto del 2022 Vega Sotelo, el nuevo fiscal del caso, se percató que faltaba el sobre lacrado donde se guardaba la identidad del testigo protegido. La sospecha recayó sobre el fiscal Reátegui, que para entonces ya no trabajaba en el Ministerio Público y no habría entregado el sobre al dejar el cargo. Reátegui tiene actualmente una causa pendiente por peculado. Es acusado de quedarse con más de 50 mil soles de una incautación.
A pesar de la gravedad del asunto, el fiscal Vega Sotelo no notificó la pérdida del sobre al Poder Judicial. El 25 de agosto del 2022, en plena audiencia, el juez advirtió que el Ministerio Público no tenía el sobre lacrado con la identidad del testigo protegido. El juzgado decidió excluir la declaración del testigo clave.
El entonces abogado de las víctimas solicitó la exclusión del fiscal Vega Sotelo y su adjunta Vanny Robles por la negligencia. El Ministerio Público decidió mantener a los fiscales en el caso.
“El fiscal Vega Sotelo, tal como lo demuestran los registros migratorios y nos confirmó su jefe, se fue de vacaciones junto a su asistenta mientras el caso Saweto se iba en picada”, señala Hugo Alejos, periodista de un medio de Pucallpa.
En febrero del 2023 la sala sentenció a los cinco acusados a 28 años de cárcel. A pesar de haber rechazado incluir al testigo protegido en el proceso, el juzgado añadió el testimonio en la redacción de la sentencia.
“Cuando escuché la sentencia, todavía no me sentía bien porque no los veía presos. Seguían libres”, dice la viuda Ergilda Rengifo. La viuda no se equivocó. Los cinco acusados apelaron y se libraron de la cárcel.
La viuda Adelina Vargas había fallecido un año antes de cáncer.
Empresario maderero José Estrada Huayta (58) acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen. (FOTO: José León)
DESDE CERO
La audiencia de apelación del pasado 29 de agosto acabó como era previsible: los magistrados determinaron que en la sentencia no debió tomarse en cuenta la declaración del testigo protegido.
“Lo que ellos han hecho es escarbar en la sentencia de primera instancia cualquier error”, dice el nuevo abogado de las víctimas, Alberto Caraza.
“Se advierte una deficiente investigación fiscal que no ha actuado los medios probatorios necesarios para vincular más allá de toda duda razonable”, concluyeron los jueces Frederic Rivera, Hermógenes Lima y Jhonathan Basagoitia. La sentencia ordena que el juicio oral vuelva a empezar.
Basagoitia y Lima son los mismos jueces que el 2019 declararon infundada la prisión preventiva contra el sacerdote italiano Marco Francesco Membretti, acusado de violar a un menor de edad. Este año el cura ha sido condenado a 25 años de prisión por otra sala, pero continúa prófugo.
El periodista especialista en temas ambientales Iván Brehaut afirma que la comunidad Alto Tamaya Saweto continúa en absoluto abandono, a merced de las mafias madereras. “La gente sigue siendo amenazada”, añade.
La tarde del último martes Julia Pérez fue al Cementerio General de Pucallpa para visitar la tumba de Edwin Chota. La acompañó la viuda Ergilia Rengifo. Ella no tiene una tumba donde poner flores porque el cuerpo de su marido no apareció.
“Cuando tenga justicia, recién volveré a mi comunidad y ahí sí me van a respetar. ¿Si no insisto yo, quién lo va a hacer? Todos somos seres humanos, no por ser asheninka no tengo ningún derecho”, dice Rengifo.