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Ministerio de Agricultura no inicia contrademanda a Odebrecht a pesar de tener autorización

Tras la decisión del laudo arbitral que determina las responsabilidades entre Odebrecht y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por el incumplimiento del contrato de concesión, el tribunal ad hoc autorizó al Estado peruano a contrademandar a la empresa por daños y perjuicios, pero hasta ahora aún no inicia las acciones legales.


¿Qué está pasando en el Minsiterio? Vigilante.pe solicitó información, pero la entidad no respondió. (Imagen: VIGILANTE.PE)

Chavimochic III continúa paralizado por la desidia de las autoridades. Tras la decisión del laudo arbitral que determina las responsabilidades entre Odebrecht y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) por el incumplimiento del contrato de concesión, el tribunal ad hoc autorizó al Estado a contrademandar a la empresa por daños y perjuicios, pero el gobierno peruano aún no inicia las acciones legales correspondientes que defenderían los intereses de los contribuyentes. Esta situación genera que el ciudadano se pregunte: ¿es desidia o habría una razón que lo impide?


Es importante mencionar que Vigilante.pe consultó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego sobre el tema, pero hasta el cierre de este informe no existió respuesta alguna.


EL CASO


El destrabe del proyecto Chavimochic III es cada vez más lejano, sobre todo, por las irregularidades identificadas en la resolución del contrato entre el Consorcio Santa-Chavimochic y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en febrero de 2017. Esta es, quizás, la mayor prueba de cómo la corrupción no solo evita que los peruanos tengamos más y mejores obras públicas, sino que también representa un costo millonario al bolsillo de los contribuyentes.


Pese a que la construcción de la tercera etapa de la infraestructura hidráulica en La Libertad permitirá un mejor desempeño productivo de los sembríos en la zona, un incremento de hasta US$450 millones en inversiones privadas y generará 120 mil nuevos puestos de trabajo, el gobierno peruano parece no insistir en la reactivación de actividades para concluir el proyecto o en el pago correspondiente por los daños y perjuicios causados durante el proceso de arbitraje que se llevó a cabo por varios años entre las partes involucradas.


ANTECEDENTES


En diciembre de 2013, el consorcio Santa-Chavimochic, conformado por Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Graña y Montero, ganó la concesión de la obra de ampliación de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic, en La Libertad, por la suma de US$373,8 millones. Un año más tarde, se firmó el contrato y se iniciaron las actividades de diseño, construcción, operación y mantenimiento.


Para 2016, los escándalos de corrupción ensombrecieron la imagen de Odebrecht, pues el Departamento de Estado de Justicia de los Estados Unidos evidenció que la transnacional había pagado millonarias coimas a funcionarios públicos en países como Perú con el objetivo de obtener un trato especial en los procesos de licitación de obras públicas. Esto provocó que el Gobierno Regional de La Libertad (GORE) decida anular el contrato, hecho que produjo el inicio de una contienda legal entre las empresas privadas y el gobierno para obtener el pago de penalidades por incumplimientos contractuales.


ARBITRAJE Y DECISIÓN


Para resolver este conflicto, el consorcio, ahora integrado por Odebrecht (74%) y Graña y Montero (26%), demandó al Gobierno Regional de La Libertad por 31 meses de retraso en la entrega de terrenos para iniciar con la construcción del proyecto en la Presa Palo Redondo y la extensión del Canal Madre por 128 kilómetros hasta las Pampas de Urricape. Cabe precisar que, el motivo por el cual el GORE concluyó el contrato está relacionado a la demora de la entrega del cierre financiero del proyecto, el cual, según las empresas privadas, no fueron presentados a tiempo por culpa de las autoridades departamentales. El consorcio demandó al Estado por US$118 millones.


Las partes acordaron iniciar un arbitraje ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) desestimará la solicitud. Por ende, este proceso se llevó a cabo con la participación de un tribunal ad hoc conformado por los abogados Ignacio Torterola (presidente), Francisco González de Cossio (co-arbitro) y Elvira Martinez Coco (co-arbitro). Para entonces, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego asumió la defensa legal del Estado peruano en el proceso.


En 2022, el tribunal emitió un fallo que obligaba al Estado a pagar US$25,307,438 por no presentar de manera oportuna la Entrega de Control del Proyecto (ECP). Sin embargo, esta decisión también responsabilizaba al Consorcio Chavimochic por las faltas contractuales cometidas, lo cual demandaba el pago de US$25,060 millones.


CONTRADEMANDA


Pero esto no termina ahí. El tribunal también identificó que, desde la firma del contrato entre Odebrecht y Graña y Montero con el GORE La Libertad, el ex superintendente de la transnacional brasileña, Ricardo Boleira, ya tenía conocimiento de los actos irregulares cometidos por la empresa durante las últimas décadas. Por ello, autorizó que el Estado, a través del Midagri, pueda contrademandar a la compañía por daños y perjuicios por el incumplimiento de la cláusula N°9 del contrato.


Pese a la venia de la entidad para iniciar este proceso y así recuperar los fondos invertidos en la defensa legal de los intereses del gobierno, el Midagri no ha iniciado con las acciones correspondientes y tampoco ha emitido un comunicado oficial para informar sobre su postura respecto al hecho. ¿Acaso al Ministerio, y por ende al Gobierno, no le interesa velar por el dinero y bienestar de los contribuyentes?


Investigación: Gabriela Llontop

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