A lo largo del 2022, el gobierno de Pedro Castillo y la gestión de Betssy Chávez en el Ministerio de Trabajo, intentaron traerse abajo la tercerización a pesar de que atentaba contra el trabajo de miles de peruanos y no tenía el respaldo del MEF ni del Consejo Nacional de Trabajo. A pesar de la arremetida, Indecopi declaró procedente la medida cautelar que permitirá suspender la aplicación de la norma que prohíbe la tercerización laboral.
Escribe: Vigilante.pe
Durante el 2022, la gestión de Pedro Castillo abrió el camino para impulsar varias medidas en el ámbito económico que iban a resultar negativas para el sector laboral y empresarial. Entre las principales estuvo el decreto supremo que restringía la tercerización laboral, la cual puso en riesgo el trabajo de miles de peruanos. ¿Cómo inició esta medida? ¿Quiénes la promovieron y quienes la rechazaron? ¿Cómo se resolvió?
INICIATIVA SIN FILTRO
En febrero se conoció que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, encabezado por Betssy Chávez, buscó que la Presidencia de Consejo de Ministros, liderada por el actual investigado Aníbal Torres, apruebe la medida, a pesar de que nunca fue discutida por ningún filtro previo.
La finalidad era evitar que las compañías tercericen actividades “nucleares”. Es decir, para que las empresas se vean imposibilitadas de tercerizar aquellas labores sin las cuales la operatividad de la misma se vea perjudicada. Según Chávez, dicho proyecto sería conversado por el Consejo Nacional de Trabajo (CNT). No obstante, esto nunca sucedió. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva, entre otros organismos técnicos y especializados, alertaron del impacto negativo de la medida como, por ejemplo, en el avance de la formalización.
Sin medir las consecuencias reales, el 23 de febrero, se publicó en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano el Decreto Supremo N.º 001-2022-TR que restringía la posibilidad de tercerizar actividades nucleares y/o neurálgicas dentro de las empresas. El decreto afectaría a aproximadamente el 70% de trabajadores que desempeñan sus funciones bajo esa modalidad.
Un punto a resaltar es que el actual ministro de Trabajo, Eduardo García, se pronunció sobre la medida impulsada por sus antecesores. “La solución no es derogar el Decreto Supremo sin dialogo social; sería volver al problema anterior. Creo que es importante que dentro del Consejo Nacional del Trabajo se pueda retomar la discusión sobre la tercerización. Si es que no es posible retomar el dialogo social el único espacio que quedará para solucionar el Decreto Supremo 001 será el ámbito judicial. La visión institucional más allá de opiniones o posturas individuales que pueda tener yo es que hay un decreto supremo dado por el Poder Ejecutivo y que se está discutiendo en el ámbito judicial y deberá seguir”, sostuvo.
¿QUIÉNES LA PROMOVIERON Y QUIENES LA RECHAZARON?
La principal interesada en concretar la medida fue la exministra Chávez. Su postura fue compartida por congresistas de las bancadas de izquierda como Perú Libre, Bloque Magisterial y Juntos por el Perú en donde resaltaron la parlamentaria Sigrid Bazán e Isabel Cortéz.
Sin embargo, la medida encontró un fuerte y preciso rechazo desde el Congreso, pues la Comisión de Economía aprobó un dictamen legal para derogar el DS N° 001-2022-TR porque tiene visos de inconstitucionalidad al afectar derechos fundamentales como la libertad de contratación, la libertad de empresa y el derecho a la propiedad. El principal gestor de este dictamen fue el congresista Alejandro Cavero, respaldado por parlamentarios como Adriana Tudela y otros.
En tanto, desde la Asociación de Contribuyentes del Perú se cuantificó los riesgos que implicaba el Decreto: ocasionaría la pérdida de más de 71 mil puestos de trabajo formal en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y otros 43 mil en grandes empresas, a lo que se suma el riesgo de quiebra de unas mil empresas, situación que perjudica la reactivación económica del país y la recuperación del mercado laboral a niveles prepandemia.
Sobre el tema, el investigador Miguel Jaramillo remarcó la importancia de la tercerización para fomentar las conexiones entre empresas y cómo el foco político debería estar en crear esas relaciones que permiten que las pequeñas y medianas empresas crezcan. “Es clave esta división del trabajo mediante la tercerización, no solo al interior de las empresas, sino también entre ellas. Debe quedar claro que el objetivo de la tercerización es el aumento de la productividad. Es algo que nuestro país necesita a gritos”, agregó.
¿CÓMO SE RESOLVIÓ?
A pesar de que el Ministerio de Trabajo aplicó una serie de amenazas para las empresas que buscaron anula la norma que prohibía la tercerización, fueron al menos 200 empresas las que recurrieron al Poder Judicial (PJ) y 92 al Indecopi para evitar la aplicación del decreto supremo. Así, entre 40 y 50 resoluciones por medidas cautelares a favor de empresas, en primera y segunda instancia. ¿Y por qué el Poder Judicial está fallando a favor de las empresas? Porque la norma del Ejecutivo es ilegal, señaló Toyama, al explicar que la ley de tercerización laboral sí permite tercerizar actividades nucleares, pero el decreto que modifica el reglamento no. “Un reglamento no puede ir en contra de la ley, esto es ilegal. Además, la ley (de tercerización) ya fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. Se está afectando el derecho a la libertad de empresa y la libertad de contratación”, remarcó.
Así, en agosto 2021, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocrática del Indecopi declaró, en primera instancia y ante una demanda interpuesta por Cosapi Minería SAC-,como una barrera burocrática ilegal el Decreto.
Finalmente, en octubre, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Tribunal del INDECOPI dictó una medida cautelar de oficio a favor de todos los agentes económicos (alrededor de 800 empresas), ordenando a la Sunafil que se abstenga de exigir a las empresas el cumplimiento del Decreto Supremo sobre tercerización.