El pasado miércoles por la mañana inició el juicio oral contra 18 indígenas de la cuenca del río Tigre, de las comunidades 12 de Octubre y San Juan de Bartra, tras una acusación por parte de la 2ª Fiscalía Superior Penal de Loreto, basada en una denuncia del año 2008 por parte de la exoperadora del Lote 1AB (hoy 192), Pluspetrol Norte.
Escribe: Augusto Padilla
Indígenas kichwas se defenderán de demanda e intención de multarlos por más de medio millón de soles. | LVU
Cabe resaltar, que estas acusaciones apuntan extorción agravada, secuestro agravado, robo agravado y tenencia ilegal de armas y municiones durante una manifestación por parte de los pobladores de ambas comunidades. Asimismo, se solicita hasta 31 años de pena privativa de la libertad y una reparación civil de más de S/. 500 mil soles.
En esa línea, nos pusimos en comunicación con el abogado Dorian Choque, representante legal de los indígenas involucrados, quien aseguró que estas investigaciones son un intento de represalia por parte del Estado por los actos de protesta que se dieron el mismo año (2008) en la base petrolera de Andoas.
Y es que, como se recuerda, en el año 2009 la Segunda Sala Penal de la Corte de Justicia de Loreto, presidida en ese entonces por el juez Carlos Del Piélago, absolvió a los indígenas denunciados por el caso Andoas basándose en las disposiciones del Convenio 169 de la OIT.
Además, Choque explica que si bien las protestas de Andoas y estas dos comunidades ocurrieron casi en simultáneo, ambos hechos no tenían ninguna correlación ni parentesco, y, aun así, fueron tomados bajo el mismo criterio.
“Nueva Andoas se encuentra a una distancia considerable de 12 de Octubre y de San Juan de Bartra. No ha habido una situación de analizar los hechos y la ubicación de esas comunidades, solo se dijo << vamos a acusarlos a todos los que se encuentran en la comunidad o que tengan algún grado de condición con Andoas para enjuiciarlos y buscar una sanción>>”, manifestó el abogado.
Dorian Choque, abogado de los kichwas. | LVU
Denuncian abuso de autoridad
En ese sentido, Dorian Choque comenta que a finales de marzo del 2008, los pobladores de ambas comunidades de la cuenca del río Tigre, en la provincia de Loreto, región Loreto, realizaban una minga de protesta contra el exceso de contaminación por parte de la empresa Pluspetrol en su territorio. Choque aclara que a diferencia de Andoas, los indígenas no portaban armas de fuego y tampoco habían tomado instalaciones petroleras.
Sin emabrgo, asegura que al cuarto día de protesta, llegaron efectivos policiales para llevarse a los pobladores sin respeto a sus derechos y sin indicarles la razón de su detención. Posterior a ello, comenta que fueron trasladados hasta la base de Andoas de Pluspetrol, donde fueron encerrados en conteiners durante 5 días bajo condiciones insalubres.
“Estos conteiners no tenían condiciones mínimas para garantizar la dignidad de las personas; no tenían camas, no tenían baños, y hasta había agua en el suelo, y en esas condiciones la policía les toma su declaración, inclusive en algunos casos se identificó aspectos de abuso de la fuerza y queremos identificar si es que hubo tortura, porque hay acusaciones de violencia”, declaró.
Por su parte, Hugo Cariajano, comunero kichwa de 12 de octubre, criticó que el Estado peruano defienda a la empresa petrolera mientras atropella a los pueblos indígenas, cuyos pobladores muchas veces desconocen sus derechos y no poseen mayor defensa ante los abusos.
“Me he podido dar cuenta de que el Perú no es un país democrático sino burocrático, no hay justicia, porque cuando queremos protestar, nuestros derechos son violentados”, declaró Cariajano.
Del mismo modo, Ricardo Canelos, otro de los implicados en el proceso, comenta a través de una publicación de la plataforma indígena PUINAMUDT. “En Andoas nos han hecho declarar los policías, sin nada de comunicación, sin abogados, nos han golpeado y nos han dicho ‘así tienes que declarar. Han hecho lo que han querido, allí mismo nos han embarrado”.
Es por ello que, de acuerdo a Choque, existen suficientes evidencias para creer que la investigación contra los indígenas kichwas de la cuenca del río Tigre tiene una intención de represalia.
“Esta acusación tiene muchas debilidades, primero porque involucra a todos en la comisión de un delito. Dice que todos cometieron delito de secuestro, pero no dice quién hizo qué. Lo mismo pasa con los otros delitos como extorsión. Quiere decir que hay una situación de querer acusar para encontrar responsables, pero sin tener los medios de prueba necesarios. Yo entiendo de un ánimo de revanchismo por parte del Ministerio Público, que ha continuado con este proceso de una manera un tanto silenciosa y en complicidad con el Poder Judicial”, manifiesta el asesor legal de los 18 indígenas.
Como se recuerda, el juicio oral contra los nativos kichwas de las comunidades 12 de Octubre y de San Juan de Bartra inició este miércoles y la próxima sesión tiene como fecha el próximo miércoles 23 de marzo a las 3 con 30 pm. Hasta la fecha y según su abogado, estos tienen el apoyo del Vicariato Apostólico de Iquitos y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.