A pesar de que el Congreso aprobó una ley sobre la masificación del gas de manera transparente, correcta y en beneficio de millones de peruanos, el cuestionado ministro de Energía y Minas gestionó una adenda que le entrega, prácticamente a dedo, siete regiones a una sola empresa. Además, le extiende el contrato por 10 años. Todo sin licitación ni concurso público. Boluarte debe actuar.
La masificación del gas natural está en peligro debido a que el cuestionado ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, habría boicoteado la ley que promovía la masificación, la cual fue aprobada en el Pleno del Congreso con 103 votos a favor. Con esa decisión mayoritaria, el Parlamento envió el 14 de noviembre la autógrafa al Ejecutivo para que la presidenta Dina Boluarte la promulgue como corresponde. Sin embargo, esto no ocurrió. ¿Por qué?
El medio de comunicación, Sudaca, con el apoyo de la Asociación de Contribuyentes del Perú evidenciaron una grave irregularidad concretada por el propio ministro: el mismo día que se envió la ley, Vera publicó una adenda que le entrega, prácticamente a dedo, a la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. o GNLC (Cálidda), la misma que actualmente es concesionario del gas en Lima y Callao, la masificación en siete regiones del país y le brinda una ampliación de contrato por 10 años en la capital y la provincia constitucional. Todo sin licitación ni concurso público. Este nuevo escándalo pone, a todas luces, en vilo al gobierno de Boluarte.
“No puede ser que el mismo día que se aprueba una ley, que abre la competencia y tiene condiciones más transparentes para los jugadores del mercado, el ministro Vera plantee una adenda para beneficiar a un solo jugador del sector privado. No tiene ningún sentido”, cuestionó José Ignacio Beteta, presidente de la ACP.
La presidenta Boluarte no puede permanecer ajena o indiferente a estos hechos y es su responsabilidad promulgar cuanto antes la autógrafa, pues esta reafirma la obligatoriedad de licitación y la total transparencia del proceso, evitando la concentración del mercado. De lo contrario, el Congreso tendrá la potestad de promulgarla por insistencia, dejando sin piso a la irregular jugada de Vera y evidenciando el juego en pared que habría con la mandataria.
“Ninguna ley es perfecta, pero esta tiene lo necesario: los subsidios adecuados, los beneficiarios adecuados, libre competencia, no se incluye ninguna empresa estatal de forma privilegiada. Entonces, lo que se debe hacer es promulgada”, agregó el especialista.
LOS DETALLES
En detalle, la adenda contempla dos puntos relevantes. La primera es la ampliación del contrato por 10 años en Lima y Callao, y la extensión automática de su área de concesión, que sumaría a Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Junín, Huancavelica y Ucayali.
“No se puede ampliar el plazo del contrato ni la extensión de la concesión con una simple adenda. El trámite es mucho más largo. En este caso, se dice que la adenda le daría al concesionario privado siete regiones del país. La norma dice que si la extensión supera el 15% de la inversión actual del contrato, debe ser evaluada para saber si se llama a un nuevo concurso público. La adenda no solo viola la ley aprobada por el Congreso, sino dos artículos del actual Reglamento de Distribución del Gas”, detalló Beteta.
El especialista en gestión pública se refirió al artículo 7 de dicho reglamento, el cual plantea que cualquier extensión de la concesión tiene que ser mediante un proceso público, abierto y con varias etapas. En tanto, el artículo 12 detalla que la empresa, antes de que se le apruebe la extensión de la concesión, tiene que plantear un plan de inversiones. Dicho plan no se conoce. Además, la jugada de Vera deja afuera a varias regiones como Loreto, Madre de Dios, San Martín, Amazonas, Huánuco y Juliaca.
A ello se suma la coincidente postura de Cálidda. En una entrevista con Gestión, el CEO de la empresa, Martín Mejía, afirmó que se propuso “al Gobierno que Cálidda pueda extender su servicio de distribución de gas natural”. “Nace como una iniciativa privada autosostenible que permitirá que se puedan construir redes en esas ciudades, dar el servicio sin tener que depender de más subsidios para poder hacerlo”, agregó.
Conociendo esta peligrosa movida de Vera, Beteta remarcó que “lo que tendría que hacer Boluarte es detener la firma de la adenda, promulgar la ley de masificación del gas para que entre en un proceso más competitivo y abierto”. “Se debe destituir al ministro Vera y sus funcionarios que estuvieron al alrededor de este proceso irregular y desvergonzado, porque plantear una adenda el mismo día que se aprueba una ley para beneficiar a un jugador del sector privado es una situación que no tiene justificación”, zanjó.