Sobre la situación crítica que se vive alrededor de la toma del Lote 95, el parlamentario de Fuerza Popular, Jorge Morante, expresó su conformidad respecto del actuar del Ejecutivo. “Se debe poner el principio de autoridad”, consideró.
Escribe: Augusto Padilla
Congresista rechaza actitud de manifestantes y exige llegar a acuerdos. | LVU
En el contexto de la toma del Lote 95 por las comunidades indígenas representadas por la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AIDECOBAP), La Voz Ucayalina se comunicó con el congresista de Fuerza Popular en representación de la región Loreto, Jorge Morante, quien nos dio su análisis de la situación en el distrito del Puinahua.
En primer lugar el congresista Morante consideró que pese a ser un crítico del Gobierno de Pedro Castillo, no puede considerar el envió de efectivos policiales y personal de la Marina al Lote 95 como un acto autoritario, sino, más bien, como una acción llevada a cabo en afán de defender el principio de autoridad del Estado dadas las acciones radicales tomadas por los manifestantes indígenas.
“El Gobierno está para dialogar y lograr objetivos, pero cuando hay gente que se pasa de la raya y pasa a hacer actos claramente de extorsión, se debe poner el principio de autoridad para impedir la comisión de ilícitos penales como toma de instalaciones, bloqueo de ríos, de carreteras, toma de instalaciones y afectación de la propiedad pública y privada”, declaró el parlamentario.
Y es que consideró que existen demandas inviables por parte de los dirigentes que promueven la toma de las instalaciones petroleras, dejando al Estado y a la empresa petrolera en una suerte de extorsión para obtener beneficios,
“El Estado y la misma empresa (Petrotal) han manifestado que se había llegado acuerdos con gente legitimada de acuerdo a su presencia real en la zona y la legitimidad que les da el propio pueblo. Sin embargo, Resulta que hay otros grupos que vienen aparentemente de afuera y responden a otros tipos de intereses que pretenden implementar medidas de fuerza planteando reclamos que claramente son inviables, como una extorsión básicamente”, declaró.
El congresista explicó que hoy más que nunca Loreto y el Perú necesitan de la actividad petrolera en su máximo potencial, dado al incremento del precio del petróleo y la crisis post pandemia. Agregó que eso implica que se tengan en cuenta todas las certificaciones ambientales y, en ese sentido, apuntó que por parte de Petrotal no hubo derrames de petróleo que motiven una reacción radical de los indígenas.
Además, comentó que la propia población de Bretaña (capital del Puinahua) está en contra de la toma del Lote 95 y que la empresa y el Estado sí pudieron llegar a acuerdos con las diferentes autoridades del distrito, un hecho que no sucedió con los indígenas por influencia de organizaciones y dirigentes con intereses particulares.
“Nosotros los que vivimos en la amazonia sabemos que hay un buen grupo de pseudo organizaciones indígenas que reciben mucho dinero del extranjero y de las empresas petroleras en base a extorsión y luego no hay ningún proyecto de inversión. Gente que vive maravillosamente en Iquitos, viaja por el mundo y que no se sabe de qué viven. Ellos pretender tener cierta legitimidad que no tienen y extorsionando”, manifestó.
Por otro lado, consideró que no es cierto que el “Plan de cierre de brechas” no presente avances, pues uno de los puntos, que consiste en la ejecución y construcción de 9 centros de salud a lo largo del eje petrolero, tendrá sus expedientes técnicos concluidos en abril. “La disposición de servicios públicos no es tan rápida y hay una enorme cantidad de proyectos, pero sí se presentan avances y un ejemplo es en el caso de salud, cuyo monto supera los 200 millones de soles”.
Finalmente, criticó que se tomen acciones contra la empresa Petrotal, cuando es el Estado el encargado de brindar los servicios básicos. Asimismo, consideró que la empresa estableció el beneficio del 2.5% de recaudación petrolera como un fondo de desarrollo social pese a que no tenía la obligación de llevarlo a cabo. “Esto es obligación del Gobierno peruano, porque de por sí la empresa paga un impuesto que no es poca cosa”, concluyó el parlamentario por Loreto.