Frente a la crisis migratoria que se vive en la frontera entre Perú y Chile. conversó con Feline Freier, experta en migraciones de la Universidad del Pacífico, sostiene que la securitización de las políticas migratorias y la falta de cooperación entre los Estados de la región han generado un inmenso sufrimiento humano y la pérdida de control en las fronteras.
La Línea de la Concordia, ubicada en la frontera de Chile y Perú, se convirtió en el campamento de cientos ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades que se quedaron atrapados en una especie de limbo migratorio. Sin poder regresar a Chile, ni ingresar a Perú, se vieron obligados a quedarse en la frontera, que se militarizó para garantizar la seguridad del país y evitar el ingreso indebido de los migrantes. Sin embargo, la situación no parece tener una solución debido a que siguen llegando cientos de migrantes a la zona y que esperan repatriarse.
En un escenario tan complejo, conversamos con la experta en temas de migraciones y directora de la Cátedra de Desplazamiento Forzado en América Latina y el Caribe del IDRC en la Universidad del Pacífico, Luisa Feline Freier.
La crisis migratoria que se está viviendo al sur del Perú no solo hay ciudadanos venezolanos, sino también colombianos y haitianos que no pueden retornar a sus países por falta de documentación. ¿Cuál debería ser la medida consular que se tome desde los gobiernos para facilitar el retorno humanitario de los ciudadanos? ¿Es factible hacerlo?
En primer lugar, hay que reconocer que los ciudadanos colombianos pueden ingresar al territorio nacional portando únicamente su documento o cédula nacional de identidad en físico (en caso de menores de edad colombianos, pueden portar su tarjeta de identidad). Sin embargo, los ciudadanos venezolanos y haitianos precisan de contar con pasaporte con una vigencia no menor a 6 meses y algún tipo de visado para poder ingresar al Perú – requisito con que la gran mayoría de ellos no cumple. Asimismo, la colaboración consular en términos de documentación es muy complicada en los casos de Haití y Venezuela debido al colapso institucional de dichos Estados. Esto es diferente en el caso de Colombia.
Respecto a facilitar el retorno de ciudadanos de Colombia y Venezuela en el corto plazo, una buena práctica sería la instalación de un corredor humanitario gestionado con apoyo de organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Esto les brindaría la seguridad para transitar sin temor a ser víctimas de agresiones a lo largo de la ruta, y a la vez podría calmar temores sociales relacionados con la seguridad ciudadana de los países de tránsito. Para ello, se requiere una coordinación con Chile, Perú, Ecuador y Colombia y la anuencia de los gobiernos colombiano y venezolano para que reciban a sus connacionales.
En el caso de Colombia, este punto es menos problemático que en el caso de Venezuela.
Sin embargo, los corredores humanitarios migratorios son una medida de emergencia y, por ende, no son una solución de largo plazo. Habitualmente se recurre a ellos en el contexto de conflictos armados, con el fin de desmilitarizar temporalmente una zona para permitir el acceso seguro a la ayuda humanitaria y la evacuación de las personas desplazadas. Si bien vemos flujos migratorios de retorno hacia Venezuela, sabemos que algunas de las personas que han retornado en el pasado se han visto obligados a salir de su país de origen de nuevo. La movilidad humana venezolana en el continente es una realidad que no va a cesar en el corto plazo.
En este contexto también es importante resaltar que el reciente vuelo de retorno a Venezuela no constituye una solución real al problema, pues incluyó únicamente a 115 migrantes mientras que alrededor de 200 han llegado cada día. Se trató de un acto de gran visibilidad política, pero en realidad se requieren soluciones más sostenibles.
¿En qué consistió la política chilena que permitió que los ciudadanos extranjeros en situación irregular se retiren de Chile sin poder volver? ¿Fueron expulsados o salieron por propia voluntad?
La gran mayoría no salieron expulsados en el sentido estricto del término, es decir con orden de expulsión del Estado, sino que se vieron incentivados a ello por la situación interna que está ocurriendo en Chile. Esta tiene varias aristas: el declive económico, la opinión pública cada vez más hostil a la inmigración (sobre todo a la irregular por motivos de su supuesta vinculación con el crimen) y la nueva ley de migraciones – que comenzó a regir el 20 de abril.
Esta ley solo les permite regularizar su situación migratoria a quienes ingresaron por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020, en cambio, quienes entraron de manera clandestina por pasos no habilitados tienen un plazo de 180 días para abandonar el país, sin sanción. A esto, se le suma un anuncio de una política aún más restrictiva (la Fiscalía propuso dictar prisión preventiva para los extranjeros irregulares que sean detenidos por cualquier delito).
¿Qué organismos internacionales deberían intervenir para regular la crisis migratoria? ¿Qué medidas deberían tomar como instituciones?
Los principales organismos internacionales que deberían jugar un rol serían el ACNUR y la OIM, especialmente brindando apoyo técnico a los estados para la implementación de los corredores humanitarios. También deberían incluirse las organizaciones de la sociedad civil que tienen una presencia continua y consolidada en la zona. Por ejemplo, existen oficinas del Servicio Jesuita que operan en el norte de Chile y brindan apoyo a la población migrante y refugiada de diversas nacionalidades que se encuentra en situaciones de dificultad en las fronteras.
Por parte de los organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, es importante brindar asistencia humanitaria, así como también guiar a los migrantes en sus procesos de regularización. Por parte de los estados, estos deben cooperar con las organizaciones, más no delegar en ellas las funciones que les corresponden según el derecho internacional y sus legislaciones nacionales.
Al mismo tiempo, continuando desde el punto de vista de los estados, implementar políticas migratorias sensatas y sostenibles también les beneficia, pues permite atraer fondos internacionales que serán usados para mejorar los servicios públicos para todos sus residentes, tanto los nacionales como los extranjeros. Un caso práctico de ello es Colombia, que gracias a sus políticas de apertura frente a la migración venezolana —materializadas, sobre todo, en el Estatuto de Protección Temporal que brinda regularización por 10 años— ha logrado recibir aproximadamente el 50% de los fondos internacionales destinados para esta crisis. [SCJ1]
Se desplegaron militares en la frontera con Chile en un intento de contener la crisis, ¿es una buena medida? ¿Qué acciones debería tomar el gobierno peruano para garantizar la seguridad de los ciudadanos que están varados en el limbo?
Considero que no es sostenible atender a problemas de desplazamiento humano con la militarización de fronteras, y menos en el contexto sudamericano de fronteras extensas y permeables. Es esencial recordar que la arista humanitaria de la crisis es muy fuerte debido a la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en la frontera. Por ello, se necesita poner en marcha otras medidas, como el diálogo diplomático para gestionar un corredor humanitario en el caso de quienes deseen retornar directamente a sus países de origen.
Tal como he señalado en una reciente columna en El Comercio, la securitización de las políticas migratorias y la falta de cooperación entre los Estados de la región han generado un inmenso sufrimiento humano y la pérdida de control en las fronteras. Los flujos migratorios no se detienen ante la presencia de los militares en las fronteras, sino que siguen por las vías irregulares, empoderando a los traficantes de migrantes y aumentado las tasas de mortalidad migrante. En el caso de la frontera entre Perú y Chile, llegaron alrededor de 200 migrantes por día, y según las autoridades locales la mayoría logró cruzar de manera irregular.
Acerca de este vínculo entre militarización de la frontera e irregularidad, comparto también una Propuesta de Política Pública que elaboramos en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico en el contexto de la tensión en la frontera norte, entre Perú y Ecuador, en enero de 2021.
Dentro de las leyes peruanas, ¿hay posibilidad de acoger a estos ciudadanos como refugiados y brindarles asilo? ¿Qué coordinación consular sería necesaria para otorgarles la documentación que necesitan?
Sí existe esa posibilidad en el derecho interno atendiendo a la aplicación de la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena de 1984, la cual ha sido adoptada por el Estado peruano y aparece reflejada en la Ley Nº 27891-Ley del Refugiado.
En los casos de Venezuela y Haití, ambas nacionalidades calificarían como refugiados bajo la definición de la Declaración de Cartagena. Esta consiste en admitir como refugiados no solo a quienes huyen de la persecución a nivel personal, sino a todos quienes huyen debido a que la situación del país lo amerita por las causales de violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos y circunstancias que perturban el orden público.
Varios estudios académicos confirman que tal definición claramente aplica al caso venezolano y, por ende, obliga al Perú —y a la mayoría de los Estados en la región— a reconocer y proteger a los ciudadanos venezolanos como refugiados. Sin embargo, es notable que la aplicación de la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena al caso de Venezuela se ha discutido en muchos foros y publicaciones académicas, mientras que prácticamente no se discute su aplicabilidad en el caso de Haití, lo cual es sumamente problemático.
Ahora, en la práctica, se requeriría atender una serie de detalles operativos dentro del mismo Estado peruano. Hace falta mejorar el sistema de otorgamiento de la condición de refugiado, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, y para ello también se requiere el apoyo técnico internacional.
En la frontera hay niños, bebés y madres embarazadas. ¿Qué medidas se deben implementar desde los gobiernos para atender a esta población vulnerable?
El Perú ya cuenta con algunas medidas para atender a la población extranjera vulnerable. Por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Migraciones tiene la posibilidad de otorgar de manera gratuita el Carné de Extranjería a personas que se encuentren en situaciones de extrema vulnerabilidad, como por ejemplo quienes sufren enfermedades o discapacidades graves, las víctimas de violencia familiar, los menores no acompañados, las mujeres con un embarazo de alto riesgo, y las víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes.
Sin embargo, se requiere la implementación efectiva y ágil de este tipo de normas ya existentes.
En cuanto a las instituciones que atienden este tipo de casos de personas migrantes vulnerables, se encuentran el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Defensoría del Pueblo, además de las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional que se encuentran operando en las ciudades de frontera. Tal como se ha mencionado anteriormente, entre dichas organizaciones encontramos el ACNUR, la OIM y el Servicio Jesuita. El rol del Estado peruano frente a dichas organizaciones debería ser de colaboración, sin dejar por ello de asumir sus funciones estatales.
El Perú aplica amnistías para que migrantes puedan legalizarse, ¿es una medida correcta? Tras esto, ¿será posible expulsar a quienes no lo hagan?
Sí, la amnistía es una medida adecuada y necesaria porque permite a la población migrante continuar con su proceso de regularización a través del Carné de Permiso Especial de Permanencia (CPP) sin tener que abonar las multas por exceso de permanencia de S/ 4.40 por día —equivalente al 0.1% de una UIT— que en muchos casos eran prácticamente impagables.
La regularización, a su vez, es necesaria por varios motivos. Primero, para la integración socioeconómica de la población migrante. Favorece la inserción en el mercado laboral formal y facilita que el país receptor se beneficie de las contribuciones económicas de la población migrante en forma de impuestos. Además, según un estudio del Banco Mundial, una vez regularizada e incorporada al mercado laboral, la población venezolana en el Perú podría producir anualmente US$ 3.200 millones adicionales, lo cual contribuiría al PBI del país. Segundo, para el control migratorio y la seguridad ciudadana. Tener a la población migrante con un estatus regular significa también contar con sus datos y antecedentes, lo cual es beneficioso desde el punto de vista del orden interno del país receptor.
Dado que es previsible que los flujos migratorios continúen en un futuro cercano, regularizar e integrar a esta población constituye la única opción sensata. El Perú no está en condiciones de expulsar a números significativos de migrantes y refugiados. Una política de expulsión se quedaría en el plano de la performance política, similar al vuelo de retorno humanitario de Nicolás Maduro.
Por ende, la cooperación regional y buenas relaciones entre países vecinos son esenciales para establecer vías de movilidad humana y su integración socioeconómica sostenibles, tanto como la identificación de personas con necesidad de protección internacional. En este sentido, otras opciones en las que se podría dar una fructífera colaboración entre países son la simplificación y uniformización de los requisitos para los permisos de residencia y trabajo (contando con que estos sean de largo plazo y no solo de 1 o 2 años de duración) y la uniformización de los sistemas de identificación de las personas migrantes en las fronteras.