Tras diez largos años de espera, el final del Caso Saweto está a la vuelta de la esquina. Fiscalía contra el Crimen Organizado, antes en manos del “buen vecino” Vega Sotelo -en cuya gestión se perdió un valioso testimonio-, confía revertir el revés sufrido tras la reversión a foja cero que la Corte Superior de Justicia de Ucayali hiciera del fallo de 28 años y tres meses que se les impuso a los cinco madereros acusados de matar al líder Edwin Chota y a otros tres comuneros ashéninkas del Alto Tamaya. Jueces Bedoya, Meza y Pizán son los encargados de dar su veredicto esta tarde.
Escribe: Marcio Pérez
Anoche, las viudas realizaron una vigilia para exigir justicia.
Esta tarde se conocerá la decisión del Juzgado Penal Colegiado Conformado - compuesto por Karina Bedoya Maque, Dilmer Iván Meza y Celinda Pizán Ugarte - sobre la acusación a los empresarios madereros José Estrada y Hugo Soria, el “brashico” Eurico Mapes, así como los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, sindicados de ser autores intelectuales y materiales de la masacre de la que fueron víctimas en septiembre del 2014 Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos, comuneros de Alto Tamaya Saweto, comunidad de origen ashéninka ubicada en la frontera con Brasil.
Han sido distintos los episodios de incertidumbre los que han vivido las viudas de los líderes desde que se inició el juicio oral en el 2021. Hoy, el despacho de la fiscal Vannie Robles, encargada del caso a través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, espera lograr los 35 años que se solicitaron originalmente contra los acusados. Durante la primera fase de este proceso, vale recordar, fue el antecesor de Robles, Dennis Vega Sotelo -conocido por sus escándalos amorosos y por distintas controversias en el caso que le siguió a la exalcaldesa de Yarinacocha, Jerly Díaz-, quien, por diversos descuidos, entre los que se incluye haberse ido de viaje de vacaciones con su asistente, perdió la posibilidad de que un testigo protegido brinde su relato ante los magistrados.
Fiscal "payaso" Vega Sotelo, perdió un testimonio clave y es responsable de que el juicio volviera a foja cero.
En ese entonces, el abogado la parte civil solicitó la separación del cuestionado funcionario y tuvo duras expresiones contra su persona, tildándolo de irresponsable, por no prepararse para las audiencias y no asistir a la mayoría de ellas. Hoy la parte civil está a cargo del exfiscal Alberto Caraza -a cargo de un caso contra Dennis Melka, de Ochosur- y sostiene que la inclusión de este testimonio en el segundo juicio oral es lo que marcará la diferencia y logrará la sentencia. "En este juicio oral se ha brindado un elemento distinto a los juicios anteriores: la manifestación de un testigo protegido. Este narró todo lo que ha escuchado en un bar de Putaya, donde los acusados retornaban después del crimen y celebraban tomando bebidas alcohólicas, comentando todo lo que habían hecho", señala. El testimonio en mención fue publicado en su momento por La Voz Ucayalina.
En noviembre del 2023, la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, ahora en manos de Vannie Robles Sajami, presentó una nueva prueba: la declaración del testigo protegido de otro caso relacionado con Saweto. El Tribunal Penal Colegiado aceptó su testimonio como válido para el caso actual. El testigo en mención afirmó que Eurico Mapes Gómez y José Estrada Huayta ofrecieron dinero por la cabeza de los líderes indígenas, el 30 de agosto de 2014, días antes del crimen. Además, Eurico Mapes y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix regresaron en botes al puerto de Putaya y en compañía de otras personas, empezaron a beber cerveza en un bar, burlándose mientras narraban el cruel asesinato de los dirigentes.
Restos de cuerpos de líderes ashéninkas no fueron hallados completos
"El 2 de septiembre nos reunimos en el mismo bar en Puerto Putaya, a 10 minutos de Saweto. Allí nos informaron sobre su muerte, confirmándola. Vinieron a informar al señor Estrada Huayta que lo habían matado y que los atraparon en el tambo mientras estaban comiendo", manifestó el testigo.
El relato coincide con lo testimoniado en el juicio por Julia Isabel Pérez Gonzales, la viuda de Edwin Chota; Lita Rojas Pinedo, la viuda de Leoncio Quintisima Meléndez; y Ergilia Rengifo López, la viuda de Jorge Ríos Pérez. Desde principios de 2008, el líder indígena Edwin Chota, quien era el jefe de la comunidad Saweto de la etnia ashéninka, denunciaba repetidamente la presencia de una banda de traficantes de madera operando en su comunidad en el distrito de Masisea.
El 1 de septiembre de 2014, los cuerpos de los líderes indígenas fueron hallados con señales de tortura, abuso sexual y ejecución.
Juzgado Penal Colegiado Conformado será el encargado de dar su veredicto esta tarde.
En el momento del crimen, los cuatro indígenas se dirigían hacia la comunidad de Apiwtxa, ubicada al otro lado de la frontera, en el estado de Acre (Brasil), también de la etnia ashéninka y con fuertes lazos familiares con Saweto. En Apiwtxa, los líderes de Saweto planeaban solicitar ayuda a sus parientes y establecer estrategias conjuntas contra la tala ilegal, incluyendo la presentación de denuncias ante la justicia brasileña contra los madereros, ya que la mayoría de los invasores de la comunidad eran de ese país.
“En ese sentido, solicitamos para Hugo Soria Flores y José Estrada, como autores mediáticos, y Eurico Mapes Gómez, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix como coautores del asesinato de los cuatro líderes indígenas de Saweto. Por ello, solicitamos 35 años de pena privativa de libertad, debido a los agravantes presentes en el delito cometido, considerando las lesiones traumáticas infligidas a los fallecidos con gran crueldad", indicó la fiscal Vannie Robles, en la audiencia del 15 de marzo.
“Confiamos en obtener justicia, luego de casi 10 años, siempre presentes de forma presencial en el juicio, las viudas llegando desde tan lejos, desde la comunidad Saweto. Por eso vamos a solicitar de manera responsable la reparación civil y además la fiscalía solicitó la pena de 35 años por la gravedad de los crímenes. Confiamos en la justicia", finaliza Caraza Atoche.