Tras una denuncia, la Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ucayali, realizó un operativo en las diferentes clínicas privadas de la ciudad.
Foto: Irwing Letona
Según una denuncia y posterior intervención de las autoridades competentes, Empresas Prestadoras de Servicio de Salud no contarían con los permisos y certificaciones correspondientes para realizar las pruebas moleculares, rápidas y antígenas para el diagnóstico de la COVID -19.
La Oficina Defensorial de Ucayali solicitó información a la Dirección de Epidemiología de la Diresa para saber si estas clínicas contaban con estas autorizaciones, pues de no ser así estas pruebas no podrían ser validadas por el Ministerio de Salud, por lo tanto, tampoco podrían ser consideradas dentro de data de casos en la región.
‘‘Nos han señalado de que no se ha brindado ninguna autorización, por lo que hemos pedido supervisar y fiscalizar cada uno de estos establecimientos para que no vengan a realizar ningún tipo de pruebas’’, indicó Hugo Pari, jefe de la oficina Defensorial de Ucayali.
Esta situación es preocupante, ya que no se estarían respetando las especificaciones técnicas y el manual de uso para la obtención de la prueba, el correcto de la misma y que no se estaría realizando en lugares adecuados.
Hugo Pari, dijo además que, de hallar responsabilidades, estás podrían recibir sanciones.
‘‘Luego que esta fiscalización termine. Estás actas deberán ser enviadas a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) e Indecopi. Como son entidades privadas, la Defensoría del Pueblo no tiene competencia, pero estas instituciones sí la tienen y podrían sancionarla severamente’’, señaló el funcionario.
Irwing Letona