Este tratado internacional es considerado “el primer convenio multilateral” entre 24 países latinoamericanos, cuya finalidad es la protección de los defensores de los derechos humanos y activistas medioambientales. Sin embargo, el Legislativo le dio la espalda a los pueblos originarios.
Escribe: Diana Tang ✍
El lunes último, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso confirmó el archivamiento del Acuerdo de Escazú, con el que se fortalecía la protección de los derechos de los defensores ambientales en el Perú.
Con un total de 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención, el Parlamento desaprobó por segunda vez este convenio, pues sostiene que este histórico pacto “afectaría la soberanía del país en materia de administración de justicia”.
La abogada especialista en materia ambiental, Jackelin Jalck Vásquez, lamenta que se haya archivado el Acuerdo de Escazú, debido a que este hubiese beneficiado a la región. “El acuerdo era una oportunidad para mejorar los instrumentos ambientales. Su archivamiento no sólo debilita todo el avance, sino que pone en peligro a los defensores que protestaron exigiendo justicia a lo largo de los años”, señaló.
“El hecho de que no se haya ratificado dicho acuerdo nos perjudica gravemente, pues era el primer convenio que nos iba a incorporar en la categoría de defensores ambientales. Siento que perdimos una gran oportunidad. Algunos dirán que ya existe, pero fortalecer los derechos de los defensores ambientales es materia primordial para proteger a los pueblos originarios”, agregó.
Debemos tener en cuenta que a este tratado se suscribieron 24 países de América Latina y el Caribe, el cual fue firmado el 4 de marzo del 2018 en Costa Rica, con el fin de reconocer una adecuada protección a los activistas medioambientales y a las comunidades nativas.