La Corte de Ucayali, adelantó la lectura de la parte resolutiva del fallo contra madereros asesinos y dispuso el pago de una reparación de 200 mil soles entre los cinco condenados. Juez ponente Panduro y abogado de las victimas Romero señalaron que resultado marca un hito histórico.
Escribe: Hugo Enrique Alejos
Juez Turchi, presidente de la CSJU y juez Panduro, ponente de la histórica sentencia. | Foto: Hugo Alejos
El pasado 15 de febrero, el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali (CSJU), leyó la parte resolutiva de la sentencia contra los cinco madereros acusados de matar hace casi nueve años a los líderes de la comunidad indígena ashéninka del Alto Tamaya Saweto, ubicada en la frontera con Brasil. Hoy a las 4:00 p. m., será la audiencia de lectura completa. Trascendió que fiscal Vega Sotelo apelará y solicitará los 35 años de prisión previstos en su acusación.
Jason Panduro del Águila, director de debates del juicio oral, sostuvo que durante el proceso judicial se mostraron los suficientes indicios para otorgar una pena de 28 años y tres meses de prisión efectiva, así como, el pago a cada una de las cuatro víctimas de 50 mil soles. “Esta sentencia va a tener una trascendencia en la sociedad (…), también en las comunidades nativas, que siempre están en búsqueda de justicia con respecto al cuidado y a la protección de su medio ambiente”, sostuvo ante los medios el magistrado.
Los responsables del crimen deberán seguir reglas de conducta impuestas por el juez mientras se resuelve la apelación que presentarán sus defensas.
La condena contra los empresarios madereros José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, así como, contra los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, y el ciudadano brasilero Eurico Mapes Gómez es la primera contra un crimen que involucra a lideres que luchan por defender su territorio ante el avance de economías ilegales, en este caso, deforestación.
“Esta es una sentencia por indicios fuertes que han sido corroborados con diferentes declaraciones y con diferente documentación (pruebas), que han fortalecido esos indicios, es una sentencia por indicios. (…) quien ha analizado el tema, ha sido minucioso, ha podido sustentar estos indicios fuertes corroborando con las otras pruebas, es el colegiado de Ucayali, que yo de verdad los felicito, han hecho un buen trabajo”, señaló el abogado Óscar Romero, quien representó a las víctimas y sus familias durante la etapa de acusación y juicio oral.
Mapa del 2022 muestra remanente presencia de actividades ilegales en territorio de Saweto. | Crédito: ProPurús
Transcurrieron más de ocho años desde aquel 1 de septiembre del 2014, cuando el líder de la comunidad Edwin Chota Jorge Ríos Pérez, y los dirigentes Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, quienes denunciaban el tráfico ilegal de madera en la región Ucayali fueron interceptados y torturados hasta la muerte cuando se trasladaban hacia la comunidad “brashica” de Apiwtxa, para sostener una reunión con sus pares a fin de consensuar acciones contra la constante invasión de su territorio por parte de madereros ilegales.
Obreros de la empresa Ecofusac, de propiedad del patrón José Carlos Estrada Huayta, los torturaron y asesinaron con crueldad en el cruce denominado Varadero de Cañaña.
Días después, el comunero Javier Arévalo se topó con los cuerpos y corrió a alertar a la comunidad. Enteradas del hecho, las cuatro viudas emprendieron camino a Pucallpa para denunciar el horrendo hecho. Hoy, una de ellas ya ha fallecido.
La Voz Ucayalina (LVU), se comunicó con Lita Rojas viuda de Quintisima, quien al momento de la llamada se encontraba en su comunidad, y sostuvo que ya conocía la noticia. “Ya nos enteramos en la comunidad, ya sabemos. Nosotros pensábamos que iba a quedar así nomás. Nos parece bien a lo que se ha llegado”, dijo en comunicación con este medio. “Aún hay madereros, eso no se acaba, siguen dentro de la comunidad”, sostuvo la viuda de Quintisima, quien dijo que seguirá en Saweto, criando a los hijos que tuvo con el difunto líder ashéninka.
Sin embargo, a pesar de la condena, no todo anduvo sobre ruedas durante el largo proceso que hoy se encuentra a pocas semanas de su final.
Este lunes 27 de febrero, el juez Panduro hará la lectura de la sentencia completa, luego se ordenará la notificación a partir de la que las defensas de los ya condenados tendrán apenas unos días para solicitar la apelación a la misma.
El magistrado será el encargado de decidir, tras oír los argumentos de esta, si se elevará la sentencia a fin de que se revise por una sala superior. Los encargados serán los magistrados de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la CSJU.
Alto Tamaya Saweto en 2022. | Foto: Hugo Alejos
El pedido del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Ucayali, a cargo de Denis Vega Sotelo, fue de 35 años de prisión. “El Ministerio Público ha tenido ciertas falencias durante la etapa de investigación, (pero) no han afectado la decisión que ha tomado este colegiado. Como he indicado, han existido muchos testigos, más de 30 testigos, muchos medios probatorios documentados, entre ellos denuncias, pericias, que han reforzado la tesis incriminatoria, ello ha servido de base para condenar y tomar la decisión por parte de este colegiado”, añadió Panduro del Águila con relación a la sentencia.
“Son falencias, cabe precisar, sobre el trámite como se ha llevado la forma de como se ha pretendido ingresar a un testigo protegido al juicio oral, o sea, no se ha tenido plenamente identificado quien ha sido. (…), en la etapa de investigación preparatoria, si bien es cierto ha existido cierto retraso, cierta demora, ello debido a como he indicado ha habido varias fiscalías que han tomado el caso, en primer lugar, ha iniciado con la Tercera Fiscalía, después ha pasado a cargo de otros fiscales que hoy en día se encuentran siendo investigados por la Oficina de Control Interno de la Fiscalía”, revela el magistrado.
Finalmente, Óscar Romero, abogado de las víctimas, dijo sentirse satisfecho con el resultado obtenido a pesar de las falencias señaladas.
“En principio hemos conseguido justicia para las víctimas y para su familia, eso es lo principal. Más allá de la reparación civil, más allá de todo lo que quiera, es justicia. Nosotros estamos amenazados de muerte en otra carpeta, el mismo testigo protegido lo ha dicho (…), en lo profesional, sí estoy contento, yo me voy contento porque agarré un muerto, lo he hecho vivir, lo curé y hoy día está caminando, listo. Yo me voy con esa satisfacción, se lo digo, porque ha sido un caso de sangre, sudor y lágrimas. Hoy día el autor intelectual, va a tener que pensarlo mucho para generar ese tipo de acciones”, finalizó.
Además, trascendió que Rainforest, ONG que contrató los servicios de Romero, le habría señalado que, durante la corta etapa de la apelación, la defensa pasará a manos del Instituto de Defensa Legal.