El Ministerio Público determinó que el caso que involucra a Geisen Saavedra y a cuatro exfuncionarios de la DRAU es, por lo menos, “complejo”. Se trataría de una banda criminal dedicada al delito que parece nunca pasar de moda en la región: usurpación de terrenos.
Escribe: Hugo Enrique Alejos
La Fiscalía de Pucallpa declaró complejo el caso que involucra Geisen Saavedra, el exguardaespaldas del gobernador Ángel Gutiérrez, quien junto a un grupo de exfuncionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) se habría apropiado ilegalmente de más de 150 hectáreas de tierra a la altura del kilómetro 12 de la carretera Federico Basadre.
Documentación a la que accedió La Voz Ucayalina da cuenta de que la fiscal Denisse Ampuero, a cargo de investigar a “Los Cinco de la DRAU”, determinó que las indagaciones deben ser ampliadas por lo menos hasta fines de este mes, debido a que se trataría de “delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma”.
En el escrito que la fiscal formuló para sustentar su tesis de organización criminal en contra de Saavedra y compañía, se lee lo siguiente: “Se requiere de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, comprende numerosos delitos, involucra una cantidad importante de imputados y agraviados y demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos”.
Y agrega: “Resulta necesario comprenderse la presente investigación preliminar como compleja, de conformidad a lo previsto en la norma sustantiva, lo cual coadyuvará a recabar los actos de investigación necesarios para efectos de emitir el pronunciamiento que corresponda y pasar a la siguiente etapa proceso (investigación preparatoria)”.
GRUPO TERNA
En su resolución del 20 de septiembre, la fiscal Ampuero también precisa que el ex titular de la DRAU, Luis García, y el exjefe de la Oficina Agraria de Coronel Portillo, Carlos Alvarado, seguirán siendo investigados por 60 días más, al igual que los exfuncionarios Jorge Torres y Eduardo Oliden. Todos ellos se habrían coludido para fraguar los certificados de posesión que Saavedra necesitaba para apropiarse de las tierras ubicadas a la altura del penal de Pucallpa.
Este medio digital pudo conocer que sobre los terrenos investigados, donde Saavedra ha instalado piscigranjas y sembrado frutas y verduras para no encender las alarmas de las autoridades, fueron alquilados oportunamente a la empresa de energía Terna Perú a cambio de 23 mil soles. Allí se instaló una antena que serviría de fachada para complicar aún más las investigaciones fiscales, indicaron desde el Ministerio Público.
Por ello, la fiscal Ampuero citó hace poco a los representantes de Terna Perú para conocer cuáles son los parámetros del acuerdo “legal” que mantiene con el exhombre de confianza de Gutiérrez. La fiscal Ampuero advierte que la Policía está en facultad de llevarlos de las orejas a confesar si es necesario.
La hipótesis de mafia criminal tiene mucho que ver con que las constancias de posesión fraguadas que fueron emitidas por la DRAU, y que siguen en poder de Saavedra, no hayan caducado, pese a que su “vigencia” era únicamente de un año y que el periodo se siga alargando indefinidamente. Desde la Fiscalía no descartan citar al director de Agricultura, Mario Dolci, y al mismo gobernador Ángel Gutiérrez.