Francisco Samaniego orquestó, con la ayuda de funcionarios presentes hasta hoy, organización que sobrevaloró en más de 30 millones de soles alquileres de equipos médicos e infraestructura durante la primera ola de la COVID-19. Mientras tanto, cerca de seis mil cadáveres de ucayalinos nos convertían en una de las regiones más azotadas por la pandemia.
Escribe: Hugo Enrique Alejos
Rostros de los involucrados en la organización. I LVU
Dos fuentes narraron, con mucha documentación de por medio, la existencia de una organización cuyo objeto sería pactar licitaciones y compras sobrevaloradas al interior del Hospital II EsSalud Pucallpa, presunta mafia liderada por el médico gastroenterólogo Francisco Samaniego Morales, quien fue director de este centro médico desde 2017 hasta enero del 2022, e integrada por la cúpula administrativa y con colaboración de jefes de servicio de medicina , laboratorio , mantenimiento, adquisiciones, logística, administración, que en el lapso de 2019 a 2022 habrían hecho compras que significaron la pérdida de más de 30 millones de soles al Estado.
“Ha habido un negociado en el alquiler de infraestructura, de máquinas e insumos médicos, se han aprovechado del desastre que hubo por la pandemia para hacer negocio”, sostiene desde el anonimato un médico que teme represalias.
El primer paso para lograr el “negocio redondo” se dio meses antes de la llegada de Samaniego a la cúpula del seguro social, con la designación desde Lima del jefe de recursos humanos, Julio César Caceda Salas, el fue quien recomendó el nombramiento de Samaniego. Según la denuncia, a Cáceda se suman Edinson Llempen, Walter Cardenas Cardenas , Christian Montesinos Calleja , contando con el administrador y jefe de logística, quien tuvo la tare de “maquillar” falsas licitaciones y compras sobrevaloradas. Además, José Luis Quiroga Tone y Moisés Pascal Linares, este último responsable de las adquisiciones y logística, pieza clave en el organigrama de la presunta mafia. Pascal ocupa actualmente la gerencia de logística del Gore Ucayali, según fuentes al interior de la entidad, por recomendación de la denunciada gerenta Tania Lozano Vargas.
No obstante, los goles de media cancha para los hampones de mandil blanco no estarían asegurados sin la complicidad del área “usuaria”, quienes reciben o solicitan los productos que se sobrevaloraron. El jefe de laboratorio, Eugenio Faustor, Aston Betalleluz Vergara , Christian Montesinos Callejas , entre otros . La gestión de Samaniego contrató los servicios de ambulancia aérea, que no se trató más de un avioneta de la empresa Air Majoro, sin acondicionar y que además de contarle a Esssalud vuelos por un monto que supera los 7'000,000 de soles en transporte de pacientes a Lima , no se trataba de una ambulancia, pues una incluye una serie de equipamiento médico. Sino que no se cumplió el contrato en el que se aclaraba que incluía el servicio de medicina, es decir un médico a bordo para el traslado, ausencia que era ocupada por médicos de la red.
“EsSalud contrató una ambulancia aérea que incluida profesionales de la Salud, pero la “ambulancia” era una avioneta sin asientos y en vez de ellos una camilla. Sin embargo, fuimos médicos de EsSalud los que viajamos a realizar el traslado que la empresa debió poner. Esto costó más de 7 millones de soles”, añade el médico.
César Vergara Betalleluz, jefe de medicina y entonces jefe COVID-19, presunto responsable de la adquisición de medicamentos e infraestructura sobrevalorada. Avaló compra de hospital de campaña que costó 4 millones de soles y cuyo mantenimiento ascendía a cerca de 800 mil, que no se trataba más que del armatoste de la zona COVID-19 instalada a fines de la primera ola luego que la mortandad disminuyó drásticamente. Finalmente, la Química Farmaceutica Monica Huayanca Trillo, jefa de farmacia, quien no alzó en ningún momento su voz ni objeto el banquete de adquisiciones que se dio en el seguro. Todo bajo el contexto de una pandemia en segura disminución y la inoportuna reacción ante la muerte de cerca de, según estimados optimistas, cerca de 6 mil ucayalinos.
Pieza Clave
Sin embargo, todo el engranaje anterior en favor de la organización dedicada a sobrevalorar y licitar por precios exorbitantes medicinas y servicios médicos durante el primer año de la pandemia, no estaría completo sin la participación del abogado Rider Ríos Ribeyros, jefe de la secretaría técnica de procesos administrativos, pero según los denunciantes cumplió el rol de defensa legal de la gestión. Asimismo, 68 procesos administrativos disciplinarios contra trabajadores fueron su arma de intimidación contra quienes denunciaron las irregularidades de la gestión. Además, se hizo de una caja chica jugosa de más de 100,000 durante la gestión de Samaniego a sola firma y por “tramitar” hasta ocho diligencias diarias. Finalmente, todos estos funcionarios han sido denunciados penalmente a razón de las pesquisas realizadas por la Oficina de Control Interno y la Contraloria , quienes habrían encontrado suficientes pruebas de contrataciones , adquisiciones irregulares , alquiles sobrevalorados durante la gestión del cuestionado galeno.
Este diario tuvo acceso a cerca de 20 órdenes de compra y servicios que contienen la palabra COVID-19 o coronavirus y cuya sumatoria bordea los nueve millones de soles. Una ganga hecha a costa de la salud de una región que, junto con Loreto, representaron el 68% del aporte de muertes por cada 100 mil habitantes al total de la primera ola. Entre las órdenes destacan distintos alquileres de equipos médicos por valores de hasta 700 mil soles.
Finalmente, las denunciantes señalan que la gestión del también catedrático, Samaniego, dejó comprometidos una serie de servicios de forma irregular, es decir, sin llevar a cabo el procedimiento normal. Ello con el fin de favorecer a ciertos proveedores señalados a dedo. En el colmo de la situación, estos proveedores solicitan mediante cartas notariales el pago correspondiente a servicios del año pasado y que ni siquiera contaban con el requerimiento pertinente del área usuario.
Es pertinente mencionar que, este medio intentó, conocer el descargo de algunos funcionarios por lo que nos pusimos en contacto con el señor Miguel Saavedra, jefe del área de comunicación, no obstante, señaló haber comunicado al actual director y que pronto coordinaría la entrevista. Al llamar personalmente al doctor Lucas Borja, el desconoció la coordinación y dijo no haber recibido ninguna llamada de Saavedra, a quien los autores de la denuncia expuesta en esta nota, señalan de complicidad con la gestión anterior.
“El señor Saavedra está coludido con la gestión anterior, bloquea todo y minimiza las cosas. Todo está judicializado dice”, sentencia el galeno a LVU.