Informe presentado por comisión de la PCM mantiene inconformes a agricultores en conflicto por terrenos con la empresa Refinca. PCM concluye que Refinca posee la titularidad sobre predios contraviniendo fallo de Tribunal Registral.
Escribe: Samir Linares
Javier Rivera y Gladis Galarreta, procesados apoderados de la empresa del magnate Samuel Dyer. | Foto: Santiago Romaní
El pasado jueves 10 de noviembre, el grupo de trabajo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encargada de formulación de un informe que exprese la verdad de los procesos sociales que se dieron en torno a los predios que son causa del conflicto social entre la empresa Refinca Holding - Bosques Silvestres S.A.C. con los agricultores de San Juan de Pumayacu del distrito de Campoverde y agricultores de San Miguel de Semuya del distrito de Honoria.
El informe final generó inconformidad en los agricultores, pues el documento presentado por el grupo de trabajo señala que el predio Tournavista de 3 mil 438 ha y 5,402 m² pertenecen legalmente a la empresa de Samuel Dyer, desconociendo un proceso de reversión que data del año 2006 y que a inicios del 2022 recibiera el visto bueno, tras un fallo del Tribunal Registral de la SUNARP que resolvia REVOCAR las observaciones contenidas en los numerales 1,2,3 y 5 de la esquela formulada por la registradora pública Diana Fiorela Torres Pezo a la reversión de las tierras en disputa.
Sin embargo, el informe elaborado por el grupo de trabajo de la PCM, menciona que existe una medida cautelar interpuesta por la empresa Refinca, recurso que obliga a la suspensión de la reversión del predio en favor del Estado por existir procesos judiciales vigentes. “Es decir, se ordena reestablecer la vigencia del asiento registral C00006, donde se establece que la empresa Bosques Silvestres SAC es la propietaria legítima del Predio Tournavista”, se lee en el informe, haciendo alusión al contrato de compra y venta celebrado el año 2018 entre la empresa Refinca y el señor Ciro Apéstegui.
Este conflicto entre agricultores y las empresas de Samuel Dyer Ampudia, fue presentado el pasado 10 de enero del presente año como "Caso Nuevo" en un reporte de conflictos sociales en el país elaborado por la Defensoría del Pueblo. Según la Defensoría, el problema es de competencia y debe ser resulta por el gobierno regional de Ucayali.
Luis Burgos, representante de los agricultores de San Juan de Pumayacu. | Foto: Santiago Romaní
Para Javier Rivera Pinzas, gerente general de Refinca, el informe presentado por PCM permitirá abrir paso al diálogo, ya que hasta la fecha el conflicto ha sido manchado con “mitos y leyendas” de parte de algunos dirigentes y la misma dirección regional de Agricultura, lo cual ha generado situaciones de enfrentamiento y falsas expectativas en las negociaciones por los predios con algunos agricultores dispuestas a negociar con Refinca.
"Hace unos días hemos llegado a algunos acuerdos con un grupo de agricultores y dos semanas atrás hicimos lo mismo con otros dos grupos, estamos en paz social, pero hay dirigentes que están en posición de conflicto. El dialogo es una señal de que, en nuestra condición de propietarios, estamos en la predisposición de llegar a acuerdos con todos”, declaró.
Por otro lado representantes de los agricultores de San Juan de Pumayacu mostraron su disconformidad con el informe y con la posición de Refinca. "Esta empresa no respeta nada, justamente ahorita está arrasando por el caserío Milagros y Unión Porvenir, no podemos vivir en conflictos, ¡basta de abusos, ya estamos cansados! Pedimos a las autoridades que esta empresa paralice sus actividades y deje de operar. Si esto continúa, nosotros haremos justicia por nuestra propia mano, en los próximos días nosotros vamos a informar a nuestras bases sobre el resultado de este grupo de trabajo y serán las bases quienes decidan si radicalizaremos nuestra medida de lucha" indicaron los representantes.
César Burgos Reyna, representante de la localidad de San Juan de Pumayacu y secretario de asuntos agrarios de las Rondas Campesinas de Ucayali, consideró que el informe no retrata toda la verdad en cuanto a los abusos provocados por la empresa. También señaló sentirse indignado de que la PCM mencione que el predio Tournavista pertenece legítimamente a Refinca.
Líos entre la Policía, personal de seguridad de Refinca y ronderos de San Juan de Pumayacu. | LVU
“La reversión es un hecho. Los predios nunca debieron haber pasado a una empresa sin antes consultar con los agricultores que habían trabajado la tierra durante años. Tampoco se mencionan las denuncias con las que se obligaba a los agricultores a vender sus terrenos. Ahí no existe ninguna ´buena fe’. Creo que este mecanismo está demorando mucho tiempo y está costando mucha plata, pero no está dando buenos resultados”, opinó el dirigente.
A su turno, el representante de los agricultores de San Miguel de Semuya, Wilmer Echevarría Garro, también se mostró en contra del informe presentado por la PCM, "acá de pretende hacer ver qué los agricultores son los malos de película cuando en realidad somos nosotros los que sufrimos, si yo veo un ladrón en mi casa, a un desconocido lo mínimo que puedo hacer es reclamarme y palearlo", en clara alusión a la versión de intromisión de la empresa Refinca en los terrenos en donde los agricultores llevan posesionados por más de 30 años.
Héctor Valer, congresista de la bancada Perú Democrático se ha puesto del lado de los agricultores de San Juan de Pumayacu y viene denunciando la usurpación contra los agricultores a la empresa Refinca. El parlamentario ha mostrado ante la Comisión de Defensa Nacional, varias fotografías de cómo la empresa de Samuel Dyer estaría reprimiendo a los agricultores.
Asimismo, expuso todos los detalles del enfrentamiento de los agricultores y la policía en febrero del presente año en donde hubo varios heridos de bala. Según el legislador, la Policía Nacional se puso a disposición de la cuestionada empresa Refinca.
Un dato no menos relevante es que, la empresa Refinca, fue denunciada por diversos delitos que incluyen DEFORESTACIÓN, USURPACIÓN, TRÁFICO DE TIERRAS y, tiene como representante legal a Gladis Galarreta Howard, una ciudadana acusada por el Ministerio Público por USURPACIÓN AGRAVADA Y DAÑOS AGRAVADOS en contra de decenas de ciudadanos y agrícultores en diferentes distritos de la región Ucayali.