El juez superior Tullio Bermeo admite que hay un divorcio entre la comunidad ucayalina y las instituciones públicas. En ese contexto, afirma, la #familia no puede ser protegida, sobre todo cuando hay alguien que la vulnera por dentro. Y sentencia: “No estamos en contra de las grandes sanciones”.
Escribe: Diana Tang
El juez hizo énfasis en la lucha contra la violencia enquistada en la sociedad. | Foto: Santiago Romaní
-Doctor, ¿cuáles son los mayores obstáculos que ha encontrado en sus primeros 100 días de gestión?
-La gestión actual tiene muy presente que existe un divorcio entre la sociedad y las instituciones públicas. Por ello, estamos intentando tender puentes con la ciudadanía para cambiar la imagen del sistema de justicia, y para lograrlo tenemos que cambiar primero nosotros. Esa mejora implica contar con más órganos jurisdiccionales, y un mayor compromiso del personal y de los magistrados. Y evidentemente una descarga procesal que tienda a reducir los tiempos de respuesta de los casos pendientes.
-¿Considera, realmente, que lo están logrando?
-Los cambios en ese aspecto no se dan de la noche a la mañana, son cambios evidentemente paulatinos, y se logran al actuar de forma transparente, actuando con rectitud.
-La integridad de la población, en especial la de los menores, sigue siendo vulnerada a vista y paciencia de las autoridades.
-Hay que partir de un punto medular cuando hablamos de niñez, y ese punto se llama familia, ese es el pilar fundamental. No solamente tenemos familias biparentales, sino que ahora tenemos familias con un solo padre. Para nosotros es fundamental una siembra de conciencia y una siembra de valores al interior de la familia.
Caso de niña agredida por su madre devela que se requiere mayor pericia y que el sistema de justicia es imperfecto. | LVU
-Me viene a la mente el caso de la niña que hace poco fue agredida con una piedra por su propia madre. No se detectaron lesiones durante el examen médico, pese a las evidentes muestras de violencia que quedaron registradas en video…
-Creo que sí hubo fallas (del sistema de justicia) porque estos informes no pueden estar en contradicción con algo que todos hemos visualizado. Pero si el sistema falló, y hay un vídeo, el sistema tiene la obligación de corregirlo porque es evidente que esos pasos se dieron hacia otra dirección, y no al horizonte que tendrían que llegar que es la protección del niño y el adolescente.
-Y qué le dice la experiencia que recogió cuando se desempeñó años atrás como fiscal, ¿cómo se debió actuar en este caso?
-Es evidente que los fiscales y los jueces se basan en informes (médicos, en este caso), pero también deben tener un criterio tutelar para poder proteger a los niños. Es posible que llegue un informe A o un informe B, pero si a las dos horas llega un video en donde vemos un ataque directo contra un niño, pues todo lo que me decían anteriormente es errado. Es obligación de un funcionario revertir una situación de esa naturaleza y actuar con la diligencia necesaria para poder tutelar los derechos de los niños.Y eso es un imperativo.
-¿Cuál es el compromiso de su gestión en torno a los casos de feminicidio, violencia familiar y agresión contra los niños?
-Nuestro compromiso en la lucha frontal contra la violencia de género y contra la violencia intrafamiliar es total. El tema de violencia es un tema que se encuentra acendrado en la sociedad, que de alguna manera hay que revertir. Y nosotros, como institución defensora y protectora de los derechos humanos, no podemos permitir este tipo de acciones. Hay que poner mano dura con los agresores de mujeres y niños.
Bermeo Turchi es partidario de la “mano dura”. | Foto: Santiago Romaní
-¿Qué tan preparados están los magistrados de Ucayali para afrontar este tipo de casos?
-Todos los jueces están preparados adecuadamente para la defensa y la protección de los niños, adolescentes y mujeres vulneradas en todo sentido. Y no solo con eso, sino en la vulneración intrafamiliar porque en la región -incluyó a ancianos y discapacitados, que a veces son invisibilizados- la violencia no es poca cosa.
-¿Considera que la solución pueda estar en la pena de muerte?
-Yo creo que no, y me explico: no hay que confundir una reacción de orden social con un hecho. Los jueces tenemos que ser ponderados en la toma de decisiones, y esa toma de decisiones va en función a las leyes, pero las leyes tienen que ser razonables. También tienen que cumplirse porque si no se cumple la razonabilidad se pierde. No estamos en contra de las grandes sanciones, pero no hay que olvidar que la ley es tan general que cualquier acción muchas veces puede llegar a ser considerada violenta. En otros países, estos temas podrían ser manejados al interior de la familia por otros profesionales, como los psicólogos. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a diluir el tema familiar que no nos damos cuenta de que siempre van a haber diferencias.
-¿A qué se refiere exactamente, doctor?
-Hablo de las diferencias pequeñas, evidentemente, porque hay diferencias en las que hay vulneraciones a los derechos. Entonces, ahí tienen que intervenir las autoridades. En ese sentido, los casos que son graves, merecen sanciones graves. Así de sencillo. Se trata siempre de proteger a la familia, pero esta no puede ser protegida cuando hay alguien que la vulnera por dentro. Alguien que maltrata, alguien que agrede físicamente, mentalmente, ahí es cuando hay que poner mano dura.