Pobladores afirman haber sido víctimas de contaminación e invasión de territorio por parte de la empresa Inversiones Forestales JS EIRL, propiedad de Juan Simón Mendoza, sobrino del tres veces alcalde de Atalaya, Pacho Mendoza.
Escribe: Angie Arévalo
Casi un año ha transcurrido desde que invasores forestales irrumpieron las tierras y la tranquilidad de los miembros de la comunidad Nativa Sawawo Hito 40, ubicada en el distrito de Yurúa, Provincia de Atalaya en Ucayali. El 8 de agosto del 2021, integrantes del comité de vigilancia de la comunidad realizaban un patrullaje en su territorio, cuando inesperadamente se encontraron con la presencia de alrededor de 30 personas ajenas a la comunidad, las que habían invadido el territorio con cinco tractores y tres motocicletas, vehículos y maquinarias con los que realizaban transporte, desmonte y actividades de índole forestal. Los vigilantes comunales también observaron la destrucción de 25 kilómetros de carretera con cientos de árboles afectados, contaminación con residuos sólidos y varias especies de fauna silvestre muertas en el lugar, todo ello lo registraron en fotografías que adjuntaron como pruebas en su denuncia.
En la primera denuncia penal interpuesta el 11 de agosto del 2021, por la Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral del Yurua – Yono Sharakoial (Aconadiysh), señala a las empresas Forestal Mendoza EIRL y Negociaciones Forestales Ostua EIRL como responsables del delito de incumplimiento de normas de manejo de residuos sólidos y contra los bosques o formaciones boscosas. A su vez, denuncian que estas empresas insisten en extraer madera de las comunidades aledañas, San Pablo y Dorado, sin contar con los permisos forestales requeridos por ley.
Según lo indicado por los vigilantes comunales, los trabajadores encontrados con la maquinaría revelaron que estas pertenecían a las empresas denunciadas.
Sin embargo, meses después de presentar la denuncia oficial, en la que se señala a las empresas Forestal Mendoza EIRL y Negociaciones Forestales Ostua EIRL, como principales responsables del delito de incumplimiento de normas de manejo de residuos sólidos y contra los bosques o formaciones boscosas, las diligencias fiscales determinaron que la supuesta dueña de las máquinas era Inversiones Forestales JS EIRL. La confusión vino porque JS son las iniciales de Juan Simón Mendoza, hijo del dueño de Forestal Mendoza, cuya concesión está a escasos kilómetros de Sawawo.
Asimismo, el periodista Ivan Brehaut advirtió que las acciones por parte de la empresa Inversiones Forestales JS EIRL, estarían vinculadas a la reapertura de la carretera Nueva Italia-Sawawo-Puerto Breu, lo cual sería uno de los principales objetivos de traficantes de tierras, taladores ilegales y narcotraficantes.
La garantía política que supuestamente legítima esta carretera, es facilitar la comercialización de productos entre Perú y Brasil. Cabe señalar, que este caso también fue denunciado públicamente en redes sociales, por el actor y activista medioambiental, Leonardo DiCaprio.
Mediante su cuenta de Instagram, DiCaprio publicó un largo texto exponiendo su denuncia pública y adjuntó una fotografía que describe lo que sucede en la Amazonía.
“La construcción de caminos ilegales por parte de una empresa maderera en la Amazonía peruana está causando la contaminación de la tierra y el saqueo ilegal de los recursos naturales, y está abriendo esta parte de la Amazonía a invasiones adicionales, amenazando los hogares, los medios de subsistencia, las culturas y las vidas de los Pueblos Indígenas”, escribió el actor, realzando que se garantice la seguridad de las comunidades indígenas que viven en esas tierras y que se salvaguarde su lugar especial.
Al respecto, la Fiscalía dispuso formalización y continuación de la investigación preparatoria a través de la Disposición Fiscal N° 04-2021-MP-FPEMA-ATALAYA-FDU. En el mencionado proceso, la Comunidad Nativa Sawawo ha solicitado constituirse en actor civil. Según el testimonio de los miembros del Comité de Vigilancia Forestal, implementado por la ONG ProPurús y oficializado por la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, el representante de la empresa Inversiones Forestales JS EIRL ha llegado a ofrecer 20,000 soles a la comunidad por el derecho de paso, sin considerar el daño ambiental ya generado, que se estima sería mayor a 500 mil soles y sin siquiera mostrar algún tipo de arrepentimiento o enmienda en su proceder delictivo. Por su parte, María Elena Paredes, líder del Comité de Vigilancia Comunitaria, declaró a la Voz Ucayalina, mediante su abogada, que, “la comunidad está decidida a tomar justicia por sus propias manos la próxima vez que ingresen a su territorio”.
A su vez, miembros de la comunidad mencionan que, una comunidad sin territorio, es una comunidad destinada a extinguirse. “Estas empresas están rompiendo las leyes de los derechos de los pueblos indígenas ingresando sin consultar. Y, además, matando motelos, tumbando las caobas reforestadas. La empresa tiene que pagar por ese daño que hizo dentro del territorio de Sawawo”, manifiestó uno de los miembros de la comunidad. “Sí, es buena la carretera, pero no para los madereros, la carretera debe ser para el pueblo, no para que otros vengan a aprovecharse”, nos dice Milagros, otra comunera, hija de ashéninka migrantes de selva central.